La presidenta de Brasil ha roto su silencio tras una semana de multitudinarias protestas. Ha ofrecido diálogo con los manifestantes pero también ha dicho que no tolerará actos de vandalismo. Entre sus propuestas: un gran pacto.
Las manifestaciones disminuyen pero persisten en las calles de Brasil, a pesar de la promesa de Dilma Rousseff anunciando reuniones con los líderes de las protestas.
La dirigente ha condenado los actos violentos, pero ha asegurado que las protestas pueden llevar a reformas beneficiosas "para todos".
El ministro secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, ha expresado su preocupación en una reunión con varias autoridades para tratar los preparativos de la visita del pontífice. El jueves murieron dos personas en las multitudinarias manifestaciones. La plataforma que lideró la protesta por el transporte público da una tregua.
A pesar de los resultados en reducción de la pobreza, la clase media exige el fin de la corrupción y mejores servicios públicos.
Las protestas más multitudinarias en dos décadas en el país se incrementan con el paso de los días. Ya no se conforman con la retirada de la subida del transporte: piden más transparencia para acabar con la corrupción y mejores servicios públicos.
Cerca de un millón de brasileños han salido a las calles en todo Brasil para exigir mejores servicios públicos, entre otras reclamaciones, después de haber logrado la bajada del precio del transporte urbano, el motivo inicial de las protestas.
Convocados por las redes sociales, los manifestantes respondieron en masa a la llamada a gritar en el espacio público brasileño con movilizaciones muy numerosas en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Recife y Brasilia. Fue un movimiento pacífico, con escasos incidentes, que se desarrolló en un clima festivo.
En uno de estos incidentes, una persona ha muerto atropellada en la ciudad de Riberão Preto, en el estado de São Paulo, mientras participaba en una de las protestas que ocurrieron en casi 80 municipios del país para exigir mejores servicios públicos, entre otros motivos.
Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos mayores ciudades de Brasil, cedieron el miércoles a la presión de las mayores protestas en dos décadas y bajaron el precio del transporte público, que era la reclamación inicial de los cientos de miles de manifestantes que han salido a las calles desde la semana pasada.
Las autoridades locales se resistieron durante días a tomar este paso con el argumento de que tendrán que recortar inversiones y gastos social en otras áreas, como salud y educación, cuya mejora los manifestantes también reclamaban.
Al final, las protestas continuas han puesto a las alcaldías de Sao Paulo y Rio de Janeiro contra las cuerdas, después de que el martes una decena de ciudades, entre ellas capitales importantes como Recife y Porto Alegre, ya anunciaran bajadas.
Siguen las protestas contra el alto gasto público en la Copa Confederaciones en las ciudades y los alrededores de los estadios.
