El portavoz de Justicia de la Comisión Europea Christian Wigand recuerda al Gobierno que una reforma de este calado debe contar con todas las partes e insiste en que la indepedencia judicial es sagrada.
Informa María Carou, corresponsal de RNE en Bruselas
Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, se ha mostrado contrario a la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos del 'procés'. "El Supremo hace una vinculación entre la duración de una pena y el cumplimento de sus fines como si solamente se pudiera cumplir los fines en el tiempo que marca el código penal. Esto está claramente fuera de lugar. [...] La razón no puede ser simplemente 'es que ha pasado poco tiempo y no me lo creo" defiende Nieva, que además sostiene que esta decisión del Supremo ignora lo que le han dicho las autoridades penitenciarias y los jueces de vigilancia.
El escrito del Supremo, dice Nieva, parece defender que si los presos pasan tercer grado se pone en cuestión su sentencia. El cadetrático recuerda que las penas se pueden cumplir en primer grado, segundo y tercer grado y que hacerlo en tercer grado " también es cumplir la pena".
"La aplicación de los grados queda fuera del alcance del Tribunal porque depende de los organismos [autoridades penitenciarias y los jueces de vigilancia]. Solamente cuando esos organismos hacen algo fuera de lugar puede intervenir el Tribunal que ha dictado la sentencia"
Este jueves, se cumplen 50 años del inicio del proceso de Burgos. Televisión Española ha hablado con acusados e historiadores sobre ese juicio que marcó un antes y un después, no solo para la imagen en el exterior del régimen franquista, sino también para labanda terrorista ETA. Seis días bastaron para que el proceso se volviese en contra de la propia dictadura. Un tribunal militar juzgaba a 16 militantes de ETA acusados de la muerte de un jefe de la policía secreta. Seis de ellos se enfrentaban a pena de muerte.
El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat en que militares retirados del Ejército del Aire, según la información publicada este miércoles por Infolibre, hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas, por si fuera constitutivo de algún delito. La ministra, Margarita Robles, ha dicho en declaraciones a los medios, tras conocer las informaciones publicadas han entendido que "algunos comentarios eran inaceptables desde el punto de vista democrático" y ha afirmado que "en ningún caso representan a las Fuerzas Armadas".
El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno e incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas, por si fuera constitutivo de algún delito.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, niega que haya un pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "No hay ningún acuerdo y estamos agotando la paciencia". Entrevistado en La hora de la 1, Iglesias subraya que "el PP dice que no habrá acuerdo, mientras siga Podemos en el gobierno de coalición". Recuerda que lleva dos años en funciones sobre un mandato de cinco e insiste en que hay que renovarlo.
Compañeros de la juez abulense Sonsoles Sanchidrián reclaman en Ávila más seguridad en el medio rural.
Noviembre suma 554 personas a las listas del paro en la provincia.
Baja la incidencia acumulada en Ávila aunque aumentan los contagios y brotes activos.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha comentado en el informativo 24 horas de RNE que la propuesta de PSOE y UP para limitar la elección de nuevos cargos en el CGPJ les merece una calificación “muy negativa porque es vaciar de poder al Poder Judicial”. “No se pueden quedar sin funciones y deben cubrirse las plazas que se queden libres”, ha sostenido y ha añadido que no se puede privar a un órgano constitucional de las funciones que le otorga la Constitución. “No podemos dejar la negociación de su renovación en manos de las elecciones en Cataluña o los Presupuestos”, ha puntualizado del Barco que ha considerado que los políticos “deberían haberse puesto ya de acuerdo”.
Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia ha explicado que “lo urgente” es la renovación de Consejo General del Poder Judicial y ha mostrado su apuesta por la actual legislación con mayoría de tres quintos, aunque se ha mostrado comprensiva: “Si la renovación se dilata en el tiempo, los grupos parlamentarios deben buscar una solución alternativa para limitar su capacidad estando en funciones, al igual que ocurre, por ejemplo, con la mesa del Congreso”.
Unidas Podemos propone que la reforma del Código Penal contemple únicamente el delito de sedición en los casos de alzamiento que impliquen violencia, por medio de “armas u otros objetos peligrosos”, para infringir las normas o impedir las resoluciones judiciales, “perturbando seriamente el orden público”.
Así lo refleja el borrador que la formación morada prevé enviar al Ministerio de Justicia con su propuesta para modificar el delito de sedición por el que fueron condenados en octubre de 2019 los líderes del ‘procés’ a entre 9 y 13 años de prisión.
El Partido Socialista y Unidas Podemos han presentado una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras su mandato esté caducado. Por ejemplo, reduciría la capacidad del CGPJ para hacer nuevos nombramientos. La propuesta, en cambio, no incluye la modificación del sistema de elección para acabar con los tres quintos necesarios para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Algo que, según fuentes de Unidas Podemos, es un gesto hacia el PP para intentar llegar a un acuerdo y que la renovación se haga de forma pactada.
No mejora la situación de la pandemia en Cuenca, la única provincia que va a seguir en nivel 3. Sin embargo, en el conjunto de la región, el número de contagios ha descendido a 111 en la última jornada.
ElGobierno quería cerrar esta semana la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras dos años caducado, pero el Partido Popular ha alejado hoy la posibilidad del acuerdo y eso que el ministro de Justicia a primera de hora de este lunes hablaba de acuerdo inminente. El PP dice que la negociación no avanza. Casado culpa a Iglesias, lo “bloquea todo” y el vicepresidente segundo del Gobierno responde que al Ejecutivo “no le va a quedar más remedio que cambiar la ley”. “Lo que no puede pretender el PP es que no se renueve el CGPJ porque nosotros le parezcamos unos terribles bolcheviques”, ha asegurado.
Informa Verónica Muñoz
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por sentada la existencia de un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha dicho que "solo falta hacerlo público". Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho que "no es verdad".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes que la reforma del Código Penal que su departamento está elaborando planteará el refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, tras observar que esta infracción no estaba suficientemente regulada. Respecto a la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que también están sobre la mesa del debate de la futura norma penal, el ministro ha dejado claro que Europa es quien nos ha hecho reflexionar sobre estos preceptos que "chirrían" y que "nunca habíamos tenido que tocar".
En la semana del 25-N charlamos con María Ángeles Carmona, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
El Gobierno reconsidera su acuerdo con el PP para renovar el CGPJ. El ministro de Justicia ha dicho que el pasado jueves habló con los populares y el acuerdo, dice está hecho, pero so solo falta hacerlp público. Avanza que los delitos de rebelión y sedición se mantienen aunque no habla de penas y un nuevo delito el de desobediencia al Tribunal Constitucional.
