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El jefe de Seguriber durante la tragedia del Madrid Arena, Jose Antonio Díaz Romero, ha acusado a Francisco del Amo, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, de ordenar la apertura del portón por el que se colaron 3.000 personas procedentes del botellón en apenas veinte minutos.

Romero ha sido el primero de los responsables de Seguriber en declarar durante la quinta sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, espacio propiedad del Ayuntamiento de Madrid donde el 1 de noviembre de 2012 una avalancha humana en medio de una fiesta de Halloween ocasionó la muerte de las jóvenes Belén Langdon, María Teresa Alonso, Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce.

El juicio por la tragedia del Madrid Arena, se ha reanudado hoy con las declaraciones de dos técnicos de Madridec, la empresa gestora del Madrid Arena. Los dos han vuelto a negar su responsabilidad. La seguridad ha centrado la cuarta sesión del juicio. José Ruiz Ayuso, jefe de operaciones de Madrid Espacios y Congresos, la empresa gestora del Madrid arena, ha asegurado que no él era el jefe de emergencias aquella noche, como sostiene la fiscalía en su acusación. El exsubdirector de Madridec afirma que en mayo de 2012, meses antes de la fiesta de Halloween, detectó que el plan de autoprotección del edificio estaba desactualizado, por lo que procedió a su revisión. Pero ha dicho que no recibió el visto bueno de sus superiores hasta 8 días después de la tragedia.

Con bufandas y gorros, camufladas, casi idénticas tapándose tanto el rostro que casi no se las distingue. Pero son Triana primero, y después su madre, Montserrat, las dos acusadas entrando a la Audiencia Provincial. Este martes se ha celebrado la primera vista del juicio, en la que se han leído los escritos de acusación y defensa. El abogado de las acusadas ha alegado que Monserrat González actuó por un trastorno mental derivado del acoso que Isabel Carrasco, dice, ejerció sobre su hija.

Estas cuatro fundaciones vinculadas a Convergència aparecen en el informe: Catdem, Forum, Nous Catalans y Òmnium, una de las impulsoras del proceso independentista. A esta última Teyco le dio 20.000 euros en 2008 y 2009. Según Òmnium se trata de aportaciones legales y CDC asegura que las donaciones recibidas no tienen vinculación con la obra pública. Los investigadores sospechan lo contrario, porque muchas veces se pagaban justo el mismo día que salía una obra a concurso. 

El juicio por asesinato de Isabel Carrasco ha comenzado este lunes con la constitución del jurado y se prolongará hasta el 17 de febrero con la declaración de las tres imputadas, casi un centenar de testigos y numerosos peritos, informa Efe. Antes de comenzar la sesión para seleccionar a los miembros del jurado ya se sabía que había dos personas, de las 25 preseleccionadas, que se autodescartaban para este cometido. El motivo es que las dos tienen relación directa con una de las acusadas, la policía local Raquel Gago. Uno de ellos ha declarado tener vínculos de amistad con la familia de Raquel y el otro es vecino de la localidad donde reside su familia. La Fiscalía solicita una pena de 23 años de cárcel para cada una de las acusadas por un delito de asesinato con alevosía y otro de tenencia ilícita de armas.

La Audiencia de León acoge desde este lunes el juicio que sentará en el banquillo a Montserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago, acusadas de acabar con la vida de la que fuera presidenta de la Diputación y del PP provincial, Isabel Carrasco. Este lunes se realizará la constitución y selección del jurado y el martes, será interrogada Montserrat González y el miércoles, será el turno de Triana Martínez y de Raquel Gago.

Hemos conocido parte del sumario del conocido como "Caso 3%", la investigación del supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de la Fundación de Convergencia de Cataluña. Según la Fiscalía anticorrupción, se habrían detectado pagos vinculados con obra pública hasta marzo de 2014.

Un centenar de personas se ha reunido en Sevilla para exigir la liberación de los tres bomberos detenidos que participaban en la isla griega de Lesbos en tareas de rescate a refugiados sirios. Julio Latorre, José Enrique y Manuel Blanco están acusados de tráfico de personas y posesión de armas. Fueron interceptados por una patrullera cuando desarrollaban su labor humanitaria y conducidos a una comisaría.