En la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco se han escuchado las demandas de los afectados por las 501 viviendas de protección oficial de Benta Berri (San Sebastián).
Estas viviendas fueron construidas en 1998 y el Gobierno Vasco adjudicó su explotación a una unión temporal de empresas.
En 2018 fueron adquiridas por el fondo de inversión Blackstone. En 2028 expirará la protección oficial y los vecinos temen fuertes subidas de renta que les obliguen a abandonar sus hogares. Los residentes piden a los partidos políticos que busquen una solución urgente para evitar la especulación.
“Nos han dejado en un limbo. Ahora nos vienen dos años que no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Nos van a destrozar”, ha denunciado Saez Asensio, vecino de Benta Berri.
Los afectados calculan que entre 1.500 y 2.000 personas podrían verse perjudicadas y critican que se esté “alimentando a un fondo buitre” que ya ha actuado en ciudades como Londres, Nueva York o Copenhague.
Foto: RTVE