Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La Fiscalía General del Estado pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior al considerar acreditado que el nuevo partido de la izquierda abertzale es "una continuación" de la ilegalizada Batasuna por el Alto Tribunal en 2003.

La Fiscalía General del Estado ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo que no inscriba en el registro de los partidos políticos a Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale. La demanda se presentará antes del 11 de marzo.

El nuevo partido de la izquierda abertzale con el que pretende presentarse a las elecciones municipales. Interior también ha remitido varios informes policiales sobre los orígenes del nuevo partido y su posible vinculación con la ilegalizada Batasuna y ETA.

El último comunicado de ETA ha reabierto el debate sobre la intención de Batasuna de presentarse a las próximas elecciones, las municipales de mayo. Gobierno y oposición creen que nada ha cambiado, que ese comunicado no despeja el camino a la izquierda abertzale. Y la fiscalía general del estado opina lo mismo.

Hoy estaba citado ante la Fiscalía de Madrid otro grupo de controladores. Como hicieron ayer sus compañeros, los de hoy, seis en total, se han negado a declarar. La fiscalía no ha pedido medidas cautelares. Los interrogatorios han durado menos de una hora.

Controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Lo ha anunciado el fiscal general esta mañana en Zaragoza donde ha presidido una Junta de fiscales para fijar una postura conjunta en todas las Comunidades Autónomas.

  • Se buscan responsabilidades por la vía laboral y la judicial
  • Además muchos ciudadanos han presentado denuncias   particulares
  • AENA ha recibido 5.000 reclamaciones de los viajeros
  • Ahora los controladores son militares de facto en  el aspecto legal

Aunque reconoce intercambio de información con las fiscalías de otros países. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia, que niega presiones de Estados Unidos.