El Gobierno se abre ahora también a reformar el delito de malversación. Este es el que más afecta a los condenados por corrupción, pero ¿qué castiga exactamente? En la actualidad, la malversación castiga a una autoridad o funcionario público que se apropia para sí o para un tercero de patrimonio público. Está castigado con penas de prisión de entre dos y seis años y de inhabilitación de entre seis a diez, pero cuando el desvío es de más de 50.000 euros, se pena con cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años. Este delito ya fue modificado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta ese momento se exigía que el dinero desviado fuera para la propia persona o para terceros, pero ese matiz se cambió y ahí estaría el meollo de esta reforma. El Código Penal o la Constitución obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación y como consecuencia se tendría que revisar cientos de sentencias como el caso del ‘Procés’, el caso de los ERE, el caso Gürtel o el caso Nóos.
Informa Gema Alfaro
