En Las Mañanas de RNE hablamos con Andrés Conde, director general de Save the Children sobre la situación actual en Afganistán. Celebra que estén saliendo ya personas del país y señala que aquellas que sean de especial riesgo deben de salir cuanto antes. Una vez en el país, afirma Conde, pueden solicitar formalmente protección internacional. “Son personas que es obvio que están huyendo de una situación de violencia cierta y la legislación internacional les ampara si hacen la solicitud de asilo". El Gobierno "tiene el deber" de ofrecerles el estatus de refugiado.
Precisamente sobre estas personas, afirma que se va a producir "un flujo de refugiados muy importante, todo depende de cómo las autoridades talibanas tomen sus primeras decisiones y en qué medida respeten esas declaraciones que están haciendo sus portavoces". Afirma que "ya han cruzado Irán más de 100.000 personas, camino de Turquía". Un país que actuaría como "guardián" de las fronteras europeas, algo que según la ONG no debería ocurrir: "Los estados europeos deben ejercer su responsabilidad con los refugiados, la política de externalización de fronteras no nos parece lo más adecuado", afirma.
Sobre Ceuta, hoy se cumplen las 72 horas de plazo que dio el juez de Ceuta a la delegación del Gobierno para que presentara la documentación sobre la expulsión de los menores del territorio. Una suspensión que celebra Conde, que afirma que "no se puede seguir adelante con un procedimiento que incumple legislación nacional e internacional de un modo tan flagrante". Cree que es una buena noticia que las instituciones hayan funcionado tan rápidamente y aclara que creen que la reagrupacion familiar en origen es una de las soluciones, "pero hay que hacerlo tras un análisis minucioso de a qué condiciones se está retornando, porque, en muchos casos, esa devolución no es posible sin poner en riesgo la vida del menor". Hay que tener especial cuidado además con las niñas migrantes, que vienen huyendo normalmente de situaciones de explotación sexual o matrimonios forzosos. Para ellas habría que evitar la repatriación, concluye, y recuerda que "es obligatorio realizar un informe inidividualizado por cada niño, y que tanto el área del menor como la fiscalía analicen si el retorno es una alternativa viable y duradera para el menor" o si existe otra solución.
