El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros en nombre de la empresa de obras y servicios de su sobrino, informaron fuentes jurídicas.
En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaración, que apenas ha durado media hora, Cotino ha negado que realizara la donación y ha asegurado que su visita a Génova se debió a que quería intercambiar impresiones sobre los atentados islamistas que ese día se habían producido en la capital. Para ello, se reunió con el entonces diputado del PP Francisco Villar, fallecido en octubre de 2011.
"Fue el día del atentado. Ese día yo estuve en Madrid, estuve en Atocha, en la Dirección General de la Policía, recuerdan ustedes que yo fui director general de la Policía y entonces pasé en un momento determinado por Génova para intercambiar impresiones. Estuvimos valorando qué había ocurrido, habiendo sido director general de la Policía mi opinión podía valer más o menos", ha señalado.
El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros.
En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaración, que apenas ha durado media hora, Cotino ha negado que realizara la donación y ha asegurado que su visita a Génova se debió a que quería intercambiar impresiones sobre los atentados islamistas que ese día se habían producido en la capital.
Algunas estafas clásicas se están adaptando al formato de WhatsApp. Cuidado si nos llega el siguiente mensaje, "te estoy escribiendo por wasap. Dime si te llegan mis mensajes. Me agregaste el otro día?". El mensaje lo envía el número 25568, que se corresponde con una empresa comercial que se aprovecha del acto reflejo que suele ser responder al mensaje o llamar a ese número. Nosotros esta mañana el que hemos marcado es el número de FACUA, consumidores en Acción, para hablar con Enrique Piñero, miembro del equipo jurídico de Facua para saber cómo actuar (17/01/14).
El juez del Caso Nóos, José Castro, ha citado el próximo día 25 a los tres inspectores de Hacienda y a los otros ocho testigos cuya declaración solicitó el fiscal, pero ha eludido replicar a su acusación de que basa la imputación de la infanta en una "teoría conspiratoria".
El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, acusa al juez de basarse en una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta Cristina por un presunto delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero al considerar que los inspectores de Hacienda han cambiado su "criterio" para evitar la implicación de la hija del rey en este caso de corrupción. Por este motivo, Horrach pide al juez que cite a tres inspectores de Hacienda para que expliquen sus informes (15/01/2014)
La defensa de la Infanta Cristina renuncia a recurrir su imputación y la Infanta se pondrá a disposición del Juez para declarar. Así consta en el escrito que han registrado sus abogados esta mañana en el juzgado de Palma. Es la respuesta al auto del Juez que el pasado martes citaba a declarar a la infanta el próximo 8 de marzo como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Infanta Cristina se encuentra en Madrid y ayer se reunió con sus abogados. Lo ha confirmado uno de ellos, Miquel Roca que, sin embargo, no ha querido desvelar si se han reunido o no con la defensa de Iñaki Urdangarín.. Sobre el recurso, cuyo plazo para presentarlo expira el próximo miércoles, Roca asegura que todavía no está listo.
El exconsejero valenciano de Solidaridad, Rafael Blasco, ha declarado durante seis horas ante el tribunal del llamado "caso Cooperación". Se le juzga por el supuesto desvío de fondos publicos destinados a ONG. Blasco ha asegurado que los expedientes que firmaba venían avalados por los técnicos.
Blasco se enfrenta a penas que van de los 11 a los 15 años de prisión y hasta 31 de inhabilitación.
