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ERE: Un comandante de la UCO de la Guardia Civil que elaboró un atestado sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo que concedía las ayudas de los ERE ha declarado que el sistema para dar dichas ayudas "era conocido" por el Consejo de Gobierno. El agente ha ratificado el atestado elaborado en mayo de 2012 durante la instrucción según el cual la Junta daba las ayudas investigadas con una "total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo" sin solicitud de las ayudas, publicidad ni norma reguladora y otorgadas por el director de trabajo cuando el competente era el consejero.

En la comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP han comparecido el expresidente de OHL, Miguel Villar Mir, y el exconsejero de la constructora, Javier López Madrid. López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, ha asegurado que nunca ha realizado donaciones al PP. Además ha negado que sean suyas las iniciales que aparecen en la agenda del exconsejero madrileño Francisco Granados relacionada con una posible entrega de más de dos millones de euros. Villar Mir ha negado haber pagado comisiones a ningún partido político a cambio de adjudicaciones a sus empresas y ha dicho que nunca ha recibido ningún trato de favor.

Un informe externo sobre las acusaciones de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) revela "fuertes sospechas" de que el senador valenciano Pedro Agramunt (Partido Popular) "fue parte de actividad de naturaleza corrupta", aunque sin evidencias ni puebas concluyentes.

Agramunt fue presidente de la APCE entre enero de 2016 y octubre de 2017, cuando dimitió tras una polémica visita a Siria con parlamentarios rusos en la que se entrevistó con el presidente Bachar al Asad.

El informe también acusa de infringir el código ético de la organización al diputado Jordi Xuclá (PDeCat) y al actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde cuando era diputado del PP.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido contra la "corrupción" en el PP y ha aprovechado para advertir a Ciudadanos de que "en política no se puede estar en los dos lados del balancín", en alusión a la polémica del máster de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. En torno a la crisis política en Madrid, Sánchez ha defendido que lo que está haciendo Albert Rivera con Ángel Gabilondo no es más que lo que hizo Pablo Iglesias con él mismo en la investidura fallida de 2016, que ha resumido en "otro favor" al PP. "Lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Aguirre, Granados, González, Cifuentes. Ya son demasiadas manzanas. El cesto del PP de Madrid está podrido y no se puede estar en política con el don de la ubicuidad", ha enfatizado.
 

La renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos está provocando diversas reacciones entre los represententantes políticos.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que "reconoce que ha mentido y ese es el caso, el de una presidenta que se ha servido de su posición institucional".

"Es evidente que hay un supuesto caso de falsificación documental en la Universidad (...) Lo que tiene que hacer Cifuentes es dimitir", ha insistido.

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, en cambio, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid "ha hecho muy bien". "Todos los políticos que mientan o roben se tienen que ir a casa, sean de mi sigla o de otras - ha subrayado Maroto - Lo que no tiene sentido es que hay políticos de todos los colores y partidos, con licenciaturas falsas, que lo reconocen sin sonrojo y esos mismos ponen mociones de censura a otros"

Por su parte, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, cree que "es una cuestión que le competía a la señora Cifuentes y ha actuado con responsabilidad, y le honra".

El que fuera presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chaves, ha defendido este lunes que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley". Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso de los ERE por prevaricación al crear y mantener presuntamente un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.