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El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez, ha hablado sobre el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de devolver cerca de un millar de inmuebles cuya titularidad no le consta o que corresponden a un tercero. "La Iglesia no quiere que figure a su nombre nada que no sea suyo", ha dicho al respecto. Según Giménez, la Iglesia está dispuesta a ayudar a corregir los "errores".

FOTO: POOL MOCLOA / FERNANDO CALVO

José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, ha comentado en el 14 horas de RNE que el contenido del listado todavía es desconocido pero, opina, posiblemente esté compuesto por "bienes menores".  Respecto a los pasos a seguir tras este reconocimiento, todavía son inciertos. Beltrán considera que, al no reconocer su titularidad, la Iglesia perderá cualquier posibilidad de mantenerlos. Sin embargo, en caso de no encontrar a los propietarios o herederos, se desconoce si pasarán a formar parte del Estado. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se han reunido hoy en la Sede Episcopal. En la nota posterior al encuentro, la Iglesia reconoce que, de un listado de 35.000 bienes inmatriculados que elaboró el Gobierno, han detectado cerca de 1.000 de los que no les consta ser los titulares.

Son bienes desconocidos para las diócesis: no les consta su inmatriculación o bien fueron vendidos, donados o expropiados. La Iglesia facilitará al Gobierno los datos para que este los comunique a los ayuntamientos y registros y se puedan iniciar los procesos de regularización. En esta lista, figuran bienes registrados entre 1998 y 2015, cuando una ley del gobierno de Aznar permitía inmatricular solo con una certificación eclesiástica. De los 35.000 bienes, 20.000 son templos u otras dependencias religiosas y 15.000 son terrenos, solares, viviendas, locales o incluso plazas o murallas.

Informan Sandra Gallardo y Miverva Oso

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido a los políticos catalanes que han sido indultados que “indulten también”:

“Que se indulten a sí mismos, que tengan visión para el bien común de Cataluña (…) Que indulten a los catalanes a los que llaman traidores porque defienden la Constitución y al Estado español para no poder seguir diciendo que España nos roba o que es un Estado opresor”, ha dicho Argüello en una entrevista en La Noche en 24 Horas.

Además de hablar sobre los indultos, ha opinado sobre la ley de la eutanasia y el divorcio.

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha señalado sobre la emergencia social por el coronavirus que Cáritas les ha reportado que las peticiones de ayuda para comer se han triplicado. Además, ha hecho un llamamiento a estar unidos "tanto la clase política como la sociedad civil para salir adelante" y dejar de lado la crispación. Omella también ha puesto en valor de los mayores en la sociedad: "Hay que cuidarlos", ha dicho. El cardenal arzobispo de Barcelona ha asegurado que la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia es "importante" pero ha pedido al Gobierno que no "olvide" que son los padres "los primeros responsables de la educación de los hijos".

El cardenal Juan José Omella, recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, ha mostrado su preocupación por la crisis del coronavirus en su entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, aunque ha apostado por, "a menos que Sanidad diga lo contrario" mantener las iglesias abiertas como "medida de esperanza". Eso sí, ha recalcado que es importante mantener ciertas precauciones como tener las manos limpias al dar la comunión y darla en la mano y no en la boca" o "no darse la paz" y por supuesto extremar la higiene en los templos. Sobre la próxima celebración o no de la Semana Santa, ha dicho que "la decisión se tomará conjuntamente con el Gobierno" y ha dejado ver que las medidas pueden tomarse en función de la gravedad de la situación en cada región. Omella también ha dicho que, dado que la Iglesia tiene la titularidad de algunos hospitales privados en zonas sensibles como la Comunidad de Madrid, sin duda ofrecerían su colaboración si así lo requiere la situación.

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. El cardenal Omella tiene fama de dialogante durante el procés, incluso intentó mediar entre Rajoy y Puigdemont. Con 73 años dirigirá la Conferencia Episcopal durante los próximos 4 años. La asamble plenaria de los obispos se ha decantado por un tándem afín a la línea del Papa Francisco. Juan José Omella ha mostrado un talante abierto a colaborar con el Gobierno. Informa Minerva Oso.

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y hombre muy próximo al papa Francisco, ha sido elegido este martes nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en sustitución de Ricardo Blázquez.

Según han informado fuentes de esta institución, Omella, de 73 años, ha sido elegido por mayoría absoluta y mediante voto secreto entre los 64 obispos, arzobispos y cardenales que podían optar al cargo que desempeñará durante los próximos cuatro años.

La asamblea "Revuelta de mujeres por la Iglesia" reclama una reforma eclesial profunda. Demandan voz y voto en las estructuras eclesiales y una Conferencia Episcopal que las incluya. Además, denuncian la cobardía de la Iglesia para abordar el acceso de las mujeres al sacerdocio y el bajo porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad.

La ley que llega esta tarde al Congreso concreta que podrán solicitar la prestación de ayuda para morir "toda persona mayor de edad, de nacionalidad española o residencia española, que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable, pero capaz y consciente en el momento de la solicitud".

El enfermo debe hacer dos solicitudes por escrito para pedir la aplicación de la eutanasia. Primero la recibe y analiza el médico responsable del paciente y después otro experto de un equipo médico diferente. Por último, una comisión de control que va a depender de cada comunidad autónoma, establecerá si corresponde o no conceder la ayuda a morir.

La ley recoge la objeción de conciencia del médico y establece que el procedimiento estará incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Informa Ainhoa Caballero