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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, niega que la UE haya pedido a España alargar el periodo de cálculo de las pensiones y dice que se está haciendo una mala lectura del informe enviado por nuestro país. Escrivá, que habla de una “serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias” explica en RNE: “Bruselas no nos pide nada. Nosotros, en satisfacción de una de las demandas del Pacto de Toledo que plantea que tengamos en cuenta las nuevas realidades del mercado de trabajo, donde los últimos años no son los mejores, estamos trabajando en un sistema más equitativo”. Según Escrivá, el análisis de los últimos diez años del mercado de trabajo obliga a cambiar parte del modelo: “Antes el sistema era más lineal y ahora no es así. Los últimos años no son siempre los mejores. Tenemos que hacer un sistema más equitativo y para eso hay que analizar las carreras profesionales. En algunos casos, se contemplará el periodo de cálculo de la base reguladora, pero avanzamos hacia un modelo en el que uno pueda elegir sus mejores años”. Escrivá dice que no hay nada nuevo y descarta que esto vaya a provocar debate o problemas en el seno de la coalición de Gobierno: “No me preocupa nada este asunto. Es un tema razonable”. Desvincula además este debate con el de la sostenibilidad del sistema: “El periodo de cálculo no tiene que ver con la sostenibilidad, sino con la equidad”. Concluye que, aunque no quiere adelantar demasiado, habrá novedades en breve sobre la negociación con los agentes sociales.

Les contamos la situación de miles de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hablamos con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, sobre lo que está sucediendo en esa zona de la frontera este de la Unión Europea. Viajamos hasta Glasgow para saber los detalles del borrador de un posible acuerdo para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.

Hablamos sobre los motivos que llevan al régimen de Aleksander Lukashenko a presionar a sus vecinos europeos usando a miles de migrantes, que intentan cruzar la frontera. Para ello hablamos con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

Las prácticas de Google y sus herramientas de control de datos personales masivos, de posicionamiento, de publicidad o la forma en la que crean burbujas informativas levantan sospechas de malas prácticas en distintos países.

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa impuesta a la tecnológica por la Comisión Europea, que puede obligar a la multinacional a desembolsar 2.420 millones de euros. Su buscador de productos prioriza a las empresas que generan beneficios para la propia compañía, algo que choca contra la competencia. Competencia, venta de datos y pago de impuestos son, a grandes rasgos, los asuntos que enfrentan a la Comisión con las grandes tecnológicas. La compañía, que tiene su sede en California, ha asegurado que ya cumple las condiciones que impone Bruselas. Google tiene frentes abiertos por la gestión de datos y el rastreo de usuarios. Uno de ellos, en el Reino Unido donde una demanda colectiva de usuarios de IPhone reclaman casi cuatro mil millones de euros por el supuesto rastreo ilegal de su información. De momento, esa demanda ha quedado bloqueada por la Corte Suprema británica. Los propios trabajadores de Google y los de Amazon han alertado de uno de los proyectos firmados por estas dos compañías, en este caso con Israel. Se conoce como Proyecto Nimbus: servicios en la nube para el ejército del país.

Con los corresponsales en Bruselas, María Carou; en Londres, Sara Alonso; en Washington; Fran Sevilla; y en Jerusalén, María Gámez.

El Tribunal de Luxemburgo ha ratificado la multa de 2.400 millones que la Comisión Europea impuso a Google por abuso de posición dominante. El Tribunal General de la UE desestima el recurso de la empresa al considerar probado que, cuando consultamos el buscador para comprar algún producto, las primeras opciones que aparecen son de la propia compañía, algo que coloca en posición de inferioridad a sus rivales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión.

Patricia Liñán, socia de Derecho Europeo y de la Competencia de ECIJA Madrid dice que el caso de Google es muy complejo, porque es uno de los primeros que se resuelven en el marco de una lucha entre la Comisión Europea y las tecnológicas. Según Liñán, el caso de la Comisión Europea está muy bien construido, “pero por debajo la discusión acerca de cómo puede afectar esto a la innovación es muy interesante”. Con respecto a la legislación, Patricia Liñán apuesta por “pensar en una normativa futura que establezca una serie de normas para estas grandes tecnológicas”. En todo caso, concluye, el caso de Google no terminará hoy y aún pasarán años para tener una decisión definitiva.

Comenzamos atentos a los resultados definitivos de las elecciones presidenciales en Nicaragua, con una anunciada victoria de Daniel Ortega y denuncias de fraude por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Lo analizamos con Salvador Martí y Puig, Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona e investigador asociado del CIDOB-Barcelona y del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. También Hablamos con el periodista Javier Otazu sobre su libro más reciente sobre Marruecos, las relaciones con sus vecinos y las tensiones en esa zona del Magreb.

La Eurocámara denuncia a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no activar el mecanismo del Estado de derecho contra Polonia. Es el sistema que permite paralizar el envío de dinero a los países que se salten los valores comunes. Desde el Parlamento Europeo llevan meses pidiendo que se utilice. Ahora, con esta denuncia, tratan de presionar a la Comisión, que se muestra reticente a su aplicación. Argumenta que el compromiso cuando se aprobó el sistema fue esperar a que el propio tribunal de Luxemburgo avalase su validez, algo que puede ocurrir a final de año. Informa la corresponsal comunitaria, María Carou.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará este jueves al Consejo Europeo sus propuestas para contrarrestar la subida del precio de la luz. "Nos gustaría ir más rápido, pero son los tiempos de Bruselas", ha aseverado, en una comparecencia ante los medios de comunicación a su llegada a la cumbre.

Sánchez ha subrayado la necesidad de actuar en tres ejes: la formación del precio de la electricidad, "que ahora está siendo distorsionado por la evolución del precio del gas"; lacompra conjunta, para elevar el "poder de negociación de los estados miembros"; y la vigilancia de "la evolución de la especulación" de los derechos de emisión.

Asimismo, el presidente se ha mostrado en Bruselas su esperanza de que"en las próximas horas o en los próximos días podamos llegar a un acuerdo definitivo" sobre la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, con lo que solo quedaría pendiente el Consejo General del Poder Judicial. "No tiene sentido que llevemos más de 1.000 días con estas instituciones caducadas", ha declarado.

Finalmente, ha informado de sus contactos con elprimer ministro de Polonia, al que ha trasladado que "la Comisión Europea es la guardiana de los tratados", y ha expresado su deseo de encontrar "una vía constructiva y de diálogo" entre las dos partes.

Foto: EFE/EPA/Olivier Matthys / POOL

Los líderes europeos regresan a Bruselas para reunirse, hoy y mañana, y abordar algunos de los asuntos más espinosos del debate político, como la escalada de los precios de la luz. Pedro Sánchez intenta que el documento de conclusiones de esta cumbre sea más ambicioso, aunque la Comisión Europea insiste en que hay poco que hacer a nivel europeo que pueda traducirse en una rebaja de la factura de la luz. Una afirmación con la que se ha mostrado de acuerdo Gonzalo Escribano, responsable del Programa de Clima y Energía del Real Instituto Elcano. "Cualquier reforma del mercado eléctrico lleva su tiempo", ha afirmado en la entrevista en Las mañanas de RNE, y ha aclarado que, a corto plazo, "las medidas se estiman sólo para episodios coyunturales". Escribano ha descartado por su complejidad una posible compra conjunta, como proponen España y Francia, pero sí ha apostado por lasreservas conjuntas, aunque ha puesto en foco en la dificultad de un cambio de modelo de manera permanente, ya que "es difícil decirle a una Comisión que lleva 30 años privatizando el mercado energético que hay que volver a intervenirlo".

Son los dos temas que hay sobre la mesa de la Cumbre Europea que hoy. España sigue pidiendo la revisión del sistema tarifario y la compra conjunta de gas para frenar la escalada de los precios. Francia, Italia y Grecia lo apoyan pero otros países piden más tiempo. Son Alemania, Suecia y la propia comisión. El segundo asunto es la amenaza de Polonia de saltarse los tratados. Los Países Bajos dejarán clara hoy su postura. Nuestro país defiende el dialogo para intentar rebajar la tensión. Informa María Carou

Repasamos con María Carou cómo ha sido el debate en el Parlamento Europeo entre Ursula Von der Leyen y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, a cuenta del estado de dereho y la primacía de las leyes comunitarias sobre las nacionales. Conectamos con un tripulante del "Aita Mari", un buque de la organización guipuzcoana 'Salvamento Marítimo Humanitario' que ha rescatado a 105 personas que se encontraban a la deriva a bordo de un bote de madera en aguas de Malta. Iremos a Colombia para saber la reacción de la periodista Jineth Bedoya a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que culpabiliza al Estado colombiano por los abusos sufridos por la reportera tras ser secuestrada en el año 2000. Conocemos Vanuatu, un pequeño estado con una historia muy interesante, y lo hacemos con Juan Corona, de la Universitat Abat Oliba-CEU.

El choque institucional entre el gobierno de Polonia y las instituciones de la Unión Europea por la primacía de la legislación comunitaria ha llegado este martes al Parlamento europeo. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha advertido en un debate en la Eurocámara que su país no acepta el "chantaje político" de Bruselas y que "la UE no es un estado" con soberanía distinta a la de sus miembros, por lo que la Constitución nacional debe estar por encima de la legislación comunitaria.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha reiterado en el mismo foro la postura de Bruselas, que defiende la supremacía de los tratados de la Unión, y ha advertido que "no arriesgará los valores comunes".

Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK