Audiencia Nacional

• Al comprobar que uno de los contratos investigados se financió con fondos europeos, han acordado asumir toda la causa 

Laia Tejada, abogada penalista en el despacho Molins & Parés, ha estado en el 24 horas con Josep Cuní para analizar y tratar de explicar que la Audiencia de Madrid avala la apertura de la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias. La abogada ha explicado que antes se utilizaba el término 'imputado', pero desde 2015 se ha cambiado a 'investigado' dada la connotación social negativa que tenía el primero.

Tejada aclara: "La condición de investigado es aquella que tiene una persona respecto a la cual se dirige un procedimiento penal por la presunta comisión de un hecho delictivo". Añade que la condición de investigado "no se adquiere cuando es llamado a declarar en calidad de investigado, sino se adquiere desde el mismo momento en que se inicia ese procedimiento penal con respecto a la persona".

La abogada del despacho Molins & Parés expresa que desde que se adquiere la condición de investigado se adquiere una serie de derechos. "En el supuesto de que se practiquen diligencias de investigación podrá estar presente el abogado de la señora Begoña Gómez, por esto es muy importante", argumenta.

Tejada considera que el procedimiento del juez que ha abierto diligencias a Gómez se ajusta al procedimiento regular: "Ha hecho una cosa que es acotar lo que sería el objeto del procedimiento porque parece ser que en esa denuncia de Manos Limpias se pone de manifiesto toda una serie de hechos [...] Es el juicio que ha realizado con mayor concreción la Audiencia Provincial", sentencia.

• Karim Bouyakhrichan está en paradero desconocido sin que se haya ejecutado la entrega a Países Bajos
• Descarta la descoordinación entre el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Málaga

• "Hubo una única versión y una de las partes la cambió a los pocos días", ha dicho a los periodistas
• El expresidente de la RFEF ha acudido a la Audiencia Nacional, donde se le ha notificado la apertura de juicio

• La intervención será por videoconferencia desde Barcelona
• El juez ordena la práctica de una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas el 9 de noviembre de 2019

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en el verano de 2022 a Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, seis de las constructoras más importantes del país, con una multa de 203,6 millones de euros por vulnerar la normativa de la competencia.

En este episodio de ‘Esto merece una explicación’ intentamos desgranar la resolución de la CNMC con los testimonios de Marisa Tierno, directora de Competencia de la CNMC, Julián Núñez, presidente de la patronal de la construcción Seopan, Mercedes Pedraz, magistrada de la Audiencia Nacional y Natalia Sobrino, profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, analizamos las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene la falta de competencia en nuestro día a día con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. 'Deconstrucción de la competencia', con guión de Juanjo Cubero.

• Sostienen que la presunta investigación se llevó a cabo con fines partidistas, a raíz de unos audios publicados en prensa
• El escrito señala posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación

• Recalca que las investigaciones realizadas no revelan que haya tenido conocimiento o intervención en la trama
• Sigue en directo la última hora sobre la decisión de Pedro Sánchez

• "Los hechos encajan en un delito de integración/colaboración con organización terrorista", según el auto
• El investigado es de nacionalidad paquistaní y tras el suceso ingresó en prisión provisional

• Los alumnos han logrado que la Audiencia Nacional ordene que se le entregue un salvoconducto para pedir asilo
• Huyó de Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder en verano de 2021

• Son Jesús Rodríguez y Josep Campmajó, que se unen así a otros investigados en la causa que también se han ido a Suiza
• El martes el juez Manuel García-Castellón solicitó a las defensas que faciliten las direcciones en las que recibirán la citación

• La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha registrado cuatro viviendas en Madrid
• El lunes serán puestos a disposición judicial por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita

• Considera que existe un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo entre 2016 y 2020
• El juez de la Audiencia Nacional pone fin así a la instrucción de una causa que comenzó en 2018

• También contra el exgerente del Partido Popular en Madrid Beltrán Gutiérrez
• Rechaza la solicitud de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos

• El 27 de marzo un hombre rompió los cristales de un McDonalds del centro comercial Màgic y no hubo heridos
• El juzgado de instrucción ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza

• También solicita inhabilitación especial en el ámbito deportivo y una indemnización de 50.000 euros
• Le acusa de los delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora de fútbol

El experto en ciberseguridad de Perception Point, Rafa López, ha advertido que la suspensión de Telegram podría causar que los usuarios se encontrasen en una situación vulnerable. Esto se debería a que para poder usar la aplicación lo harían mediante los servicios de vpn y prozis, por lo que se podrían exponer a cibercrímenes. También ha expuesto que se debería de tomar otras medidas legales más concretas, en vez de suspender el uso de la aplicación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender la aplicación de forma cautelar. Ha sido a raíz de una denuncia por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. El juez ha dado un plazo de tres horas a las operadoras de telecomunicaciones, desde que reciban la notificación, para bloquear el acceso a Telegram.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

• Facua advierte de los "enormes" perjuicios que causará la decisión judicial para los millones de usuarios de Telegram
• En España, un 18,7% de los internautas usa esta aplicación de mensajería instantánea, según la CNMC

La Audiencia Nacional ha negado el derecho al olvido en internet al asesino de Nagore Laffage, Diego Yllanes, ya que la Audiencia cree que no cumple con varios requisitos que fija la Justicia Europea para el borrado en internet. Entre ellos, el tribunal considera que su condena tuvo repercusión, que tiene conexión con la actualidad y que prevalece el derecho a la información.

• Anula un fallo anterior de la Audiencia Nacional que veía un despido colectivo "de hecho"
• El Alto Tribunal entiende que las franquicias tenían personalidad jurídica independiente

• Se apoya en la resolución del Supremo que sí ve que lo acontecido en 2019 encaje en delito de terrorismo
• También desestima los recursos de otros dos investigados, Josep Lluís Alay y Marta Molina

Casi tres años después de los atentados del 11-M, el 15 de febrero de 2007, el juez Gómez Bermúdez, daba comienzo al juicio en la Audiencia Nacional por los atentados. El 17 de julio de 2008, el Tribunal Supremo da por cerrado el proceso. Hoy, cuatro condenados siguen en prisión: tres en España y uno en Marruecos. El resto de los condenados están en libertad, 20 años después. Un total de 29 acusados de los cuales 21 fueron condenados, algunos con penas de hasta más de 42.900 años. Si bien, a las víctimas les dejó un sabor agridulce, pues pedían condenas y penas más altas.

Ni la Audiencia Nacional ni el Supremo establecieron a los autores intelectuales del 11-M, al considerar que murieron en el suicidio del piso de Leganés. “No se pudo demostrar y no se pudo condenar a los autores intelectuales: no porque hayan sido otros, sino por falta de pruebas”, explica Javier Zaragoza, fiscal jefe del 11-M. Lo cuenta Araceli Sánchez.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el juicio del 11M, Javier Zaragoza, recuerda la presión con la que trabajaron los profesionales que llevaron a cabo la investigación judicial de los atentados. “La instrucción judicial apuntaba en un dirección y la presión mediática y política apuntaba en una distinta. Parecía que era obligado llegar a la conclusión de que había sido ETA y no el yihadismo”, asegura Zaragoza, que subraya que las pruebas eran contundentes. “Judicialmente, no había ninguna vía ni ninguna pista que nos condujese hacia la organización terrorista ETA”.

Zaragoza cree que la investigación fue buena pese a que no se pudo clarificar la autoría intelectual de los atentados. “Todos sabíamos o de alguna manera, por las informaciones que se manejaban, que quien de alguna manera autoriza o prepara la situación para que pueda cometerse un atentado fueron los mensajes que se lanzaban desde Al-Qaeda, que situaban a España efectivamente como objetivo de una acción terrorista”.