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En Cataluña, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Les acusa de desobediencia grave y prevaricación por seguir adelante con la consulta del 9N, a pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional.

Artur Mas ha dicho que considera un "honor" ser procesado por la consulta. La vicepresidenta del Gobierno en funciones respeta la decisión de la Fiscalía y ha afirmado que "nadie está por encima de la Ley".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalñua asegura que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeras eran plenamente conocedoras de la prohibición del Tribunal Constitucional respecto a la celebración de la consulta soberanista del 9N de 2014. Y que hubo una "consciente resistencia" a acatarla. Avala la instrucción del juez que apunta a delitos de desobediencia y prevaricación.

El registro de partidos, que depende del Ministerio del Interior, ya denegó en 2015 que se registrara un nombre similar por parecerse demasiado a la escisión de Unió "Demòcrates de Cataluña", que ha amenazado con denunciar. Interior se pronunciará cuando el partido se registre oficialmente, pero advierte de antecedentes que acabaron en denegación.

En Catalunya, sigue abierto el conflicto alrededor de nombre del Partido Demócrata Catalán, el partido que sucede a la antigua Convergencia. El nombre es similar al de la formación que se escindió de Unió Democrática y se incorporó a Junts Pel Sí. Y por esa razón, no puede aparecer con ese nombre en el registro del ministerio, aunque los dirigentes del nuevo partido creen que Fernández Díaz está detrás del conflicto.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa por la consulta del 9N ve indicios para juzgar al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la exconsellera de Educación, Irene Rigau por presunta prevaricación administrativa y desobediencia, en un auto en el que pone fin a la instrucción de la causa.

El magistrado Joan Manel Abril considera que hay indicios de que los tres encausados podrían haber incurrio en un delito de desobediencia grave, penado por el artículo 410.1 del Código Penal, al existir una providencia del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre de 2014 que determinaba la suspensión de la convocatoria del 9N, así como de los actos de preparación de la misma.