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Más de 45.000 personas, según la policía belga, han marchado este jueves en Bruselas a favor de la independencia de Cataluña, para denunciar la "pasividad" de la Unión Europea en relación al desafío soberanista y exigir la libertad de los "presos políticos". Bélgica se ha convertido así en el epicentro del soberanismo catalán en el tercer día de campaña y ha sido elegido como escenario de una manifestación convocada por ANC y Òmnium Cultural y que Junts per Catalunya y ERC han convertido en el primer y único acto conjunto para las elecciones del 21-D.

El expresident Artur Mas ha señalado que ni él ni los exconsellers y resto de responsables políticos no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas por la organización y celebración de la consulta soberanista ilegal del 9N de 2014, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.

Ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado a Artur Mas que en dos semanas debe hacer frente a una fianza de más de cinco millones de euros porque se le considera el máximo responsable de la convocatoria de 9-N de hace casi 3 años. Los cinco millones de euros son el dinero que, se sospecha, se desvió de las arcas públicas para la compra de material y la organización de lo que en 2014 se llamó proceso participativo. Mas, que deberá responder con su patrimonio a las cantidades que no logren reunir el resto de señalados como organizadores de esa convocatoria, ya ha reaccionado a esta exigencia.

El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la contabilidad de las instituciones, ha citado el 25 de septiembre al expresident de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a otros 10 exaltos cargos del Govern y funcionarios para que abonen los gastos de la anterior consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, algo más de cinco millones de euros. Mas ha asegurado en la televisión pública catalana que todo responde a una estrategia de "caza mayor" para dar miedo.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por el gasto de dinero público destinado a la consulta del 9N.Entre los once ex altos cargos citados, según fuentes próximas a los implicados, están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron condenados por la celebración de la consulta en 2014. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas. "Es su estrategia de fomentar el miedo como único argumento para intentar detener lo inevitable", que es la consulta independentista.

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, dice que no le ha sorprendido la decisión del Tribunal de Cuentas en relación con el dinero gastado por Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega en la consulta del 9N. En Las mañanas de RNE explica que, aunque ninguna de esas personas fueron acusadas de malversación, el Tribunal de Cuentas sí puede reclamarles el dinero gastado de manera ilegal. En cuanto a la actuación que puedan mantener los Mossos en relación con la consulta del 1-O, se muestra convencido de que los agentes actuarán en consecuencia, ya que "nadie puede acatar órdenes ilegales", dice. 

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA), con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, expone el auto del juez. Presuntamente, requería a empresas que optaban a concursos públicos a realizar "cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona". Así, habría conseguido que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros a ambas fundaciones en el año 2012 a cambio de la adjudicación por el Consorci d'Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros.

El Govern de la Generalitat ha encomendado al expresident Artur Mas la labor de difusión del proceso independentista. Con este objetivo el líder del PDECat ha participado en un coloquio en Madrid en el que ha defendido que el reto de Cataluña se resuelve con votos y no con vetos. A la entrada del coloquio, medio centenar de personas, que portaban banderas de la Falange, han abucheado a Mas.

El expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmado en Madrid que la Constitución española ha perdido "legitimidad" entre una "parte significativa" de la sociedad catalana, y ha pedido al auditorio del Ateneo de la capital, donde ha debatido con el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo sobre el futuro catalán, que no se tome el referéndum independentista como un "ultimátum" de Cataluña a España.