Un juez del Supremo brasileño acepta una cautelar que puede liberar a Lula

• El magistrado Marco Aurelio Mello ha ordenado la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia
• La Fiscalía apela contra la medida para "evitar una grave lesión al orden y la seguridad"

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (i) abrazando a la también exmandataria Dilma Rousseff el 25 de enero de 2018 durante una reunión en Sao Paulo (Brasil).

Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil ha dictado una cautelar este miércoles que ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores, lo que pudiera llevar a la excarcelación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marco Aurelio Mello ha apoyado su decisión en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones. Puede favorecer a 169.300 presos en Brasil, según cálculos del Consejo Nacional de Justicia.

La titular de la Fiscalía General, Raquel Dodge, ha pedido al Supremo "la suspensión" de la medida cautelar hasta que sea juzgada en el pleno del tribunal con el fin de "evitar una grave lesión al orden y la seguridad".

En el caso de Lula, encarcelado desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a 12 años, todavía están pendientes dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello podría beneficiarle a él y a otros políticos presos por corrupción. Su defensa ha solicitado su liberación menos de una hora después de conocer la noticia, aunque la jueza que instruye el caso no se ha pronunciado y podría esperar a la decisión del Supremo sobre la apelación de la Fiscalía.

El encarcelamiento del expresidente traumatizó al Partido de los Trabajadores, que pretendió basar su campaña electoral para los comicios de octubre en la "injusticia" de su ingreso en prisión. Lula fue después inhabilitado para la contienda y su sustituto, Fernando Haddad, o logró persuadir al electorado y perdió ante el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro, que asumirá la presidencia del país el 1 de enero de 2019.

Medida "urgente"

Entre sus argumentos, Mello ha indicado que la ejecución provisional de la pena contribuye al elevado grado de hacinamiento en el sistema penitenciario. Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".

El juez ha establecido como única excepción los casos de los presos preventivos, cuya situación se regula por otro artículo.

La medida, dictada a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, coincide con el inicio del receso navideño del Tribunal, que retomará su actividad en febrero. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, había anunciado que el tribunal analizará en febrero una decisión adoptada en 2016, que permitió la ejecución de una pena a prisión tras ser confirmada la sentencia en segunda instancia.

Mello sostiene además que "no apenas los condenados en segunda instancia por corrupción o crímenes denominados de 'cuello blanco'" están en prisión por haber sido hallados culpables en la segunda instancia, sino también "miles de ciudadanos acusados" de cometer otros delitos. "Si esa temática no es urgente, desconozco otra que lo sea", concluye la decisión dictada por el magistrado.

La Fiscalía pide la suspensión de la medida

En su alegato, la Fiscalía expone que la posibilidad de ejecutar la pena ya con una condena en segunda instancia, aún cuando queden apelaciones, fue establecida por el propio Supremo en 2016. El escrito recuerda que el Supremo ratificó este mismo año esta jurisprudencia al analizar un recurso presentado por la defensa de Lula, en una ajustada votación de los magistrados que concluyó 6-5.

Según Mello, esa mínima diferencia "no puede" imponerse a lo que a su modo de ver establece la Constitución brasileña.

La apelación de la Fiscalía será analizada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Tóffoli, que ha quedado como único responsable del tribunal hasta febrero.