Artur Mas pide al Tribunal Supremo que demuestre que es "ecuánime" y le absuelva por el 9N

• Su abogado pide al tribunal que acalle con su absolución a quienes "mercadean con las resoluciones judiciales"
• El fiscal defiende la condena de inhabilitación porque el propio Mas asumió la responsabilidad política de la consulta

Los magistrados del Tribunal Supremo al inicio de la vista por los recursos presentados por Artur Mas.

El abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha solicitado este miércoles ante el Tribunal Supremo la absolución del expresidente de la Generalitat por la consulta soberanista del 9N para acallar a quienes "mercadean con las resoluciones judiciales" y demostrar que el Alto Tribunal es "ecuánime" sin importar quién sea el imputado. Todo lo contrario que el fiscal, que pide mantener la condena de inhabilitación porque Mas sabía "perfectamente", al igual que los demás sentenciados por este caso, que "aquello que habían convocado era una actuación inconstitucional".

Así se han pronunciado abogado y fiscal en la vista en la que el Supremo estudia el recurso Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsellera Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les condenó en 2017 a penas de inhabilitación (dos años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

El defensor de Mas ha pedido al Supremo que "presente un servicio impagable y más necesario que nunca" y absuelva a Mas, si bien ha reconocido la dificultad de que eso suceda tras la condena de un año y un mes de inhabilitación que impuso el Alto Tribunal a Francesc Homs por la misma consulta celebrada en Cataluña en 2014.

En cualquier caso, el letrado de Mas ha querido distinguir que el caso de Mas "no es el mismo que el de Homs" porque el exconseller hizo "actos ejecutivos" que demuestran que se implicó "de propia mano en el no acatamiento de la providencia" del Tribunal Constitucional (TC) en la que declaraba ilegal la consulta. Sin embargo, Artur Mas "en el peor de los casos dudaba, y no dudaba solo. La duda del señor Mas en aquellos días iba acompañada de las dudas de toda una serie de operadores de la máxima cualificación jurídica en la comunidad autónoma de Cataluña".

Además, ha recordado que el TC no atendió la petición de la Abogacía del Estado, que le instó a dirigir un "requerimiento expreso (a Mas y a los excosellers) de las consecuencias de una hipotética desobediencia".

El fiscal recuerda que Mas asumió la responsabilidad del 9N

Sin embargo, a juicio del fiscal Jaime Moreno, que es uno de los cuato fiscales de la causa del "procés", los sentenciados siguieron adelante con la consulta "por la situación de exigencia al Gobierno (catalán) de imponerse en esa especie de desafío a la legalidad vigente".

El propio Mas, ha recordado Moreno, era consciente de su responsabilidad y "en un alarde ante la prensa", dijo: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mí.

"No solo no se paralizó, sino que se decidió mantenerla e impulsarla y se mantuvo ese desafío a la legalidad", ha afirmado el representante de la Fiscalía, para añadir que tras recibir la notificación del TC el 4 de noviembre los encausados hicieron una serie de actos "activos y necesarios" para realizar la votación.

Mas alega vulneración de sus derechos fundamentales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia el 13 de marzo del 2017 en la que condenó al expresidente catalán a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.500 euros. Además, impuso un año y nueve de meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a la exvicepresidenta Joana Ortega; y a un año y seis meses y una multa de 24.000 euros a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ambas también por desobediencia, aunque en su caso como colaboradoras necesarias.

El TSJC, que absolvió a los tres por prevaricación administrativa, concluyó que las exconsejeras y Artur Mas desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla.

En su recurso presentado ante el Tribunal Supremo en mayo de 2017 Mas alega que la condena inhabilitación vulneraba sus derechos fundamentales amparados por la Constitución como la libertad ideológica, la participación en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos .