JxCat y ERC acuerdan que los diputados suspendidos por Llarena mantengan su voto hasta que lo decida el pleno

• Será el pleno quien pueda suspenderles, tras un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado
• La oposición podría recurrir esta medida si se lleva a cabo

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) han llegado a un acuerdo sobre la suspensión de los diputados presos y de Carles Puigdemont ordenada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso independentista.

Ambos grupos han acordado recurrir al artículo 25 del Reglamento de la Cámara, que establece que la suspensión de un diputado o diputada solo se podrá ejecutar por el pleno con un dictamen previo de la Comisión del Estatuto del Diputado. Por tanto será esta Comisión la primera que tenga que examinar la cuestión y emitir el dictamen para que después el pleno vote si suspender o no a los parlamentarios.

El mecanismo elegido por ERC y JxCat puede dar lugar a un recurso o acciones judiciales por parte de la oposición.

Torrent denuncia la "injerencia" del Supremo

El presidente de la cámara, Roger Torrent, ha denunciado la "injerencia" del Tribunal Supremo y ha subrayado que el acuerdo defiende los derechos políticos de los diputados imputados y protege la "autonomía" y "dignidad" del Parlamento.

"La composición del Parlamento es la que decidieron los ciudadanos en las urnas el 21 de diciembre", con las mayorías que arrojaron aquellos comicios, ha explicado Torrent.

Torrent no ha querido responder si, una vez acordado el mecanismo, ERC y JxCat tendrán una postura común tanto en la comisión como en el pleno, y se ha remitido a lo que digan los portavoces de ambos grupos.

Hasta ahora, las dos mayores formaciones independentistas diferían en la manera de resolver la situación, lo que ha provocado la suspensión de los plenos de la cámara. ERC proponía sustituir a todos los diputados por otros que pudieran votar en su lugar. Sin embargo, JxCat se negaba a sustituir a Puigdemont.

Llarena suspendió a los parlamentarios en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

La medida afecta, además de a Puigdemont, al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras de ERC, y a los diputados del PdeCat, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín (ERC), que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.