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La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell EFE/Alenjandro García

La fiscal general ordena querellarse contra Forcadell por prevaricación y desobediencia

  • Madrigal ordena abrir causa criminal a Forcadell por la declaración de ruptura

  • Traslada el testimonio del TC a la Fiscalía de Cataluña para que se querelle

  • Forcadell: "Cuando no hay separación de poderes, está en juego la democracia"

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La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha ordenado a la fiscalía catalana que se querelle contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al haber permitido en julio de este año la votación sobre las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.

El propio Constitucional decidió por unanimidad el pasado 6 de octubre deducir testimonio contra Forcadell por un posible delito de desobediencia de su anulación de las resoluciones independentistas del Parlament. Así las cosas, el Parlament aprobó el mismo 6 de octubre una resolución de Junts pel Sí y la CUP que avala la celebración de un referéndum de independencia vinculante como "muy tarde" en septiembre de 2017 y que apuesta por convocarlo con o sin el aval del Estado.

La fiscal del Estado ha asumido esa denuncia del TC y ha ordenado al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, que formule acusación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante el cual está aforada Forcadell.

El Gobierno central pidió el pasado mes de julio que el Constitucional abriera la vía penal contra Carmen Forcadell después de que el Parlament aprobara una vía unilateral a la independencia con el respaldo de Junts pel Sí y la CUP. Este tribunal había advertido a la política catalana acerca de su obligación de impedir cualquier iniciativa parlamentaria que tratara de avanzar en el proceso secesionista de Cataluña.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad su denuncia ante el fiscal, pero se limitó a apuntar la posible existencia de responsabilidad penal. Simplemente denunciaba los hechos ante el fiscal, para que éste decidiera si corresponde actuar. Literalmente, decía que, si el fiscal "lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes".

La fiscal identifica dos posibles delitos

Ahora la fiscal general del Estado ha identificado la posible existencia de dos delitos (prevaricación cometida al desobedecer de manera consciente al TC y la propia desobediencia en sí) y por eso ha ordenado la querella ante el TSJC contra Forcadell.

Madrigal asumió inicialmente la denuncia del Constitucional contra Forcadell por tratarse de una deducción de testimonio procedente de una alta institución del Estado. El TC nunca antes había tomado tal iniciativa.

Sin embargo, la intención de Madrigal fue siempre remitir el asunto a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los competentes por tratarse de una parlamentaria catalana.

Forcadell: "Cuando no hay separación de poderes, está en juego la democracia"

Tras la decisión del fiscal general, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido de que la querella ordenada contra ella era previsible y ha alertado: "Cuando no hay separación de poderes, se pone en juego la democracia".

"Lamentablemente no hay nada nuevo, nadie se esperaba algo diferente, esto demuestra que en el Estado español no hay separación de poderes. Aquello que decide el Gobierno español pasa al TC y después pasa a la Fiscalía", ha denunciado Forcadell en declaraciones desde el Parlament.

Forcadell se ha mostrado "convencida" de que hizo "lo que tenía que hacer como presidenta del Parlament", en defensa de la "libertad de expresión" y de que en la cámara catalana "se pueda hablar absolutamente de todo lo que interese" a los ciudadanos de Cataluña.

Además, ha recalcado que siempre defenderá "el derecho de participación de todos los diputados" de la cámara. Forcadell no se arrepiente de haber permitido la votación: "Lo volvería a hacer, porque estoy convencida de que lo que hice fue defender la soberanía del Parlament y la libertad de expresión".

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