Manos Limpias cree que la infanta se benefició de Aizoon "de forma consciente" y sirvió de "escudo fiscal"

• La letrada señala que la infanta ya participó en la creación de otra sociedad
• Se refiere también a su "altísima preparación" en su informe final ante el tribunal

Manos Limpias sostiene que la infanta Cristina constituyó Aizóon con la intención de defraudar

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos representado por la letrada Virginia López Negrete, cree que la infanta Cristina se benefició "de forma consciente" de Aizoon y que sirvió de "escudo fiscal" en la sociedad que comparte al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, según el informe final presentado ante el tribunal del caso Nóos este jueves.

En la presentación de su informe, la letrada que representa a la única parte que acusa a la infanta Cristina, para quien pide 8 años de prisión como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, ha dicho que cuando se creo Aizoon como "sociedad instrumental" y "caja común" del matrimonio, la infanta "sabía y supo muy bien lo que estaba haciendo".

La presencia de la infanta en Aizoon, según la letrada, "daba seguridad al matrimonio de que, en su afán de abusar del fisco y abusar de su sociedad, no iban a ser investigados toda vez que la infanta Cristina sería un escudo fiscal".

Como prueba documental de que la infanta figuraba como "escudo fiscal" de la sociedad que ambos compartían, la letrada ha señalado las declaraciones del impuesto de sociedades de Aizoon en las que "la primera persona que se escribía era el nombre de la infanta", a pesar de que "lo lógico", según la abogada, hubiera sido que figurase Urdangarin, al tratarse del administrador.

El matrimonio buscó "modificar su régimen económico"

"Lo que había y hay detrás de Aizoon no es más que un matrimonio que abusó de una sociedad para obtener unos beneficios fiscales y modificar su régimen económico matrimonial", de separación de bienes a gananciales, ha dicho López Negrete.

La letrada del sindicato ha destacado que la infanta ya había participado en 2002 en la creación de otra sociedad familiar anterior, Namasté 97, y luego en la de Aizoon, que "la creo y la mantuvo en el tiempo, no haciendo nada para poder evitar la comisión delictiva que se produjo cuando, siendo copropietaria del 50% con su marido, lo podría haber hecho", ha afirmado.

López Negrete ha iniciado su alegato centrado su intervención en la "altísima" preparación, educación y la trayectoria profesional de la infanta Cristina, quien al frente de la empresa Aizoon, a través de la que Urdangarin había defraudado a Hacienda. "Sabía y supo muy bien lo que hacía desde el primer momento", ha señalado la letrada.

Asimismo, ha hecho referencia a la contratación de numerosos trabajadores falsos a través de Aizoon, una actuación dirigida a simular la actividad de Aizoon así como "mantener las apariencias frente al fisco" y de lo cual era consciente la mujer del exduque, tal y como ha recalcado.

Aizoon era "la caja común"

De los numerosos correos aportados a la causa se deduce, según la letrada que la infanta y Urdangarin "tenían una comunicación muy fluida entre ellos, lo cual no deja de ser algo normal en un matrimonio" y "muchos" de esos correos eran referidos al Instituto Nóos, según ha asegurado, por lo que "no eran ajenos el uno al otro de sus negocios".

Respecto a los gastos personales en los que ambos incurrieron a través de Aizoon, la letrada ha subrayado que uno de los datos que demuestran que Aizoon "era la caja común" del matrimonio es el haber cargado en la misma los gastos personales de ambos y ha enumerado facturas que constan en la causa de "comuniones, celebraciones, viajes a Africa y Brasil, adquisiciones en la pinacoteca, compras de botas en Nueva York".

Es más, ha aseverado que la hermana del rey Felipe VI "tenía su propia tarjeta de crédito" a nombre de Aizoon, realizando con ella "actos de disposición en abuso de su sociedad". "Es la manera habitual cuando lo que se pretende obtener los mayores beneficios fiscales", ha subrayado.

El sindicato se ha adherido a los informes del fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado en relación a los demás hechos y acusados. Manos Limpias pide 26 años y medio de cárcel para Urdangarin y 22 años y medio para su exsocio Diego Torres.

Después de que el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, cargara este miércoles en su informe de conclusiones contra el juez instructor José Castro y contra la actuación de Manos Limpias, López Negrete ha defendido que su labor ha sido "siempre profesional" y ha señalado que si la infanta está sentada en el banquillo de los acusados es porque "siete magistrados, por unanimidad, así lo han decidido".

La Abogacía de Baleares señala el origen del "vaciamiento de arcas"

Antes ha presentado su informe final la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, cuyo jefe, Lluis Segura, ha señalado un primer acuerdo verbal en 2003 entre Iñaki Urdangarin y el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, fue el "disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007" supusieron "un vaciamiento de las arcas autonómicas".

Segura ha detallado que esas conductas crearon "graves perjuicios" a los ciudadanos porque "se volcaron fondos públicos" en el pago de "comisiones, en contratos sobrevalorados y en gastos absolutamente inútiles o abusivos".

El "vaciamiento de las arcas autonómicas" comenzó, según ha explicado Segura, con un acuerdo verbal alcanzado en 2003 entre Matas y Urdangarin, por el que Baleares pagó 300.000 euros por la oficina del proyecto para patrocinar un equipo ciclista, que supuso "el disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007 determinaron importantes beneficios para el denominado grupo Nóos".

La Abogacía balear pide una condena de 8 años de prisión para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, así como de 5 años para Matas. También solicita penas que oscilan entre varios meses y 2 años de prisión, sustituibles por multas, para el excontable de Nóos, Marco Tejeiro y cuatro ex altos cargos del Govern: el exdirector general de Deportes, Jose Luis "Pepote" Ballester; los exdirectores de la Fundación Illesport y de Ibatur, Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía, y el exsecretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet.

Además, reclama la restitución de la cantidad íntegra percibida más los intereses y pide que Urdangarin, Torres, Matas y Ballester respondan conjunta y solidariamente de la suma de 2.650.566 euros. Considera a la infanta y a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, partícipes a título lucrativo y les reclama 125.000 (que ya han sido consignados) y 119.541 euros, respectivamente.