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Caso Gürtel

El fiscal pide 8 años de cárcel para la excúpula del PP de Valencia por presunta financiación ilegal

  • Entre ellos están el ex secretario general Ricardo Costa y Vicente Rambla
  • Les acusa de delitos electorales y falsedad en las campañas de 2007 y 2008
  • El fiscal les acusa de ocultar al Tribunal de Cuentas más de 2 millones de euros
  • El PP se habría financiado a través de la empresa Orange Market de la Gürtel

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La Fiscalía pide casi ocho años de cárcel para algunos exdirigentes del PP valenciano

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la excúpula del PP valenciano de la época de Francisco Camps de haber financiado presuntamente de forma ilegal las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y de las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y pide siete años y nueve meses de prisión para cuatro de sus exdirigentes por tres delitos electorales y uno falsedad documental.

El Ministerio Público solicita estas penas para al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex vicesecretario general del partido David Serra y la exgerente Cristina Ibáñez. Además, para Yolanda García, extesorera de la formación en Valencia, pide seis meses de prisión como "cómplice" de un delito electoral en las generales de 2008. El fiscal cree que ocultaron al Tribunal de Cuentas más de 2 millones de euros que se gastaron en las tres campañas.

Anticorrupción ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su escrito de acusación en relación con las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular en esta autonomía después de que el juez instructor pidiera el procesamiento de 20 personas. El fiscal pide también la apertura de juicio oral para cinco integrantes de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvarez Pérez, El Bigotes - y nueve empresarios, según recoge Europa Press.

"Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectos y en parte a través de terceros", detalla la Fiscalía en el escrito de 40 páginas que ha hecho público este viernes. "En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", añade.

Gastos abonados por terceras empresas con facturas falsas

La fiscalía sostiene que Costa y Rambla encargaron la organización de las campañas electorales (mítines, publicidad...) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, y que abonaron sus servicios de forma irregular a través de terceras empresas beneficiarias de contratos de la Administración pública.

Estas últimas asumieron supuestamente los pagos de lo que el PP debía a Orange Market como si abonaran servicios que esta última empresa les hubiera prestado. Para ello Orange Market "les facilitó facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no había sido prestados".

Anticorrupción señala que además de "infringir la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas", las empresas que abonaron parte de los gastos que el PP debería haber pagado a Orange Market no podían hacer donaciones a este partido por tener contratos con las administraciones públicas.

Más de dos millones de euros sin facturar

La Fiscalía estima que el Partido Popular de Valencia ocultó a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Cuentas más de 2 millones de euros destinados a gastos electorles. En este sentido, señala que los servicios prestados por la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, al Partido Popular en Valencia para las campañas electorales "que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria" ascienden a más de dos millones de euros: 1.155.231,43 euros en las autonómicas de 2007; 78.878,33 euros en las municipales de ese mismo año; y 801.810 en las generales de 2008.

El Ministerio Público señala que "la única cuantía declarada" por la empresa Orange Market y por el Partido Popular en Valencia en relación a las campañas electorales de estos dos años fueron 175.000 euros de actos para las autonómicas de 2007. "Sin embargo, fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL.", añade el fiscal.

Al margen de las campañas, el fiscal añade otros 1,43 millones de euros no declarados en organización de actos no electorales durante estos dos años que "se abonaron también fuera del circuito legal del dinero".

Cinco miembros de la Gürtel y nueve empresarios

El fiscal pide cárcel para cinco miembros de la trama Gürtel y nueve empresarios que habrían ayudado al PP a financiar ilegalmente sus campañas electorales. Para el respondable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, pide 27 años de cárcel por tres delitos electorales, uno de falsedad y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Para el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y su 'número dos', Pablo Crespo, Anticorrupción solicita 24 años y medio, para el consejero delegado de Orange Market Cándido Herrero, 19 años y medio; y para el empresario José Ramón Blanco Balín otros 17 y medio, según detalla Europa Press.

El fiscal cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 "tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes", informa Efe.

Esta misma agencia destaca que a los empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez, Gabriel Batalla, José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino les reclama tres años de prisión y una multa de 960 euros por falsedad documental y a todos ellos, salvo Beviá, Ortiz y Cotino, también les pide otros tres años y 3.900 euros de multa por delitos electorales.