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Uno de los miradores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Uno de los miradores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. E. Viñuales / CENEAM-MMA

El PP aprueba en solitario en el Congreso la Ley de Parques Nacionales

  • El texto amplía hasta 2020 la posibilidad de cazar en los parques

  • Es el plazo que tienen los propietarios para adaptarse a la ley

  • Medio Ambiente cifra entre 50 y 320 millones las posibles indemnizaciones

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El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva, con el único voto del Partido Popular, la Ley de Parques Nacionales. Una de las medidas incluidas en el texto, que implica acabar con actividades prohibidas como la caza, supondrá abonar entre 50 y 320 millones a propietarios de terrenos que están dentro de estos espacios, según ha estimado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos

El texto ha sido rechazado por toda la oposición, que considera que se vuelve a "tiempos de la escopeta nacional". En especial, critican la incorporación desde la Cámara Alta de una enmienda del Partido Popular (la 278), que prorroga seis años las actividades incompatibles en estos espacios, como la caza, la pesca o la tala comercial, desde la entrada en vigor del texto.

Unas horas antes todos los partidos de la oposición menos CiU y PNV aprobaron, junto a organizaciones ecologistas, una declaración conjunta que pedía que la ley no saliera adelante.

El PP rechaza "la crítica fácil"

Por su parte, la diputada del PP María Teresa de Lara, ha subrayado que la ley en vigor, aprobada por consenso en 2007 e impulsada por los socialistas, y el proyecto de ley actual tienen "idéntico texto" en lo que se refiere a la prohibición de la caza deportiva y comercial y en cuanto a las indemnizaciones que asumirán las administraciones para compensar los derechos de los propietarios privados y a ayuntamientos.

La parlamentaria popular ha argumentado que el monto estimado de 320 millones de euros, que deberá abonarse para poner fin a estas actividades, "no es factible en estos momentos" y ha reprochado al PSOE que no hiciera nada "en tiempos de bonanza", así como de no establecer los mecanismos suficientes para ello.

A su juicio, el texto del PP sí contempla las expropiaciones una vez acabado el plazo si no se alcanzan acuerdos voluntarios.

Además, ha recordado que frente a las críticas dirigidas al Parque Nacional de Cabañeros, donde los derechos de caza son "especialmente relevantes", estos también afectan a Picos de Europa a Sierra Nevada y a Doñana.

Respecto al parque ubicado en Ciudad Real ha insistido en que cerca del 50% de sus terrenos son "cotos privados de cazaque pagan sus impuestos y cuya actividad principal es la cinegética.

También ha afirmado que este parque fue declarado "en contra de la voluntad" de muchos de sus propietarios, de quienes, por otra parte y junto con la población local, ha dicho que han contribuido históricamente a su conservación.

En todo caso, ha insistido en que el texto da mayor seguridad jurídica y ha lamentado la "crítica fácil" y la "demagogia", "sectarismo" y "mentira" en el debate parlamentario porque se van a votar 17 enmiendas y los grupos se han referido únicamente a una de ellas, la que permitirá seguir realizando actividades incompatibles durante seis años más, hasta finales de 2020.

"Basta ya de demagogia y de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la caza, ni se favorece a los ricos y amigos de la señora De Cospedal. Ya estamos hartos de oír lo mismo siempre", ha denunciado De Lara.

Críticas a las actividades prohibidas

La secretaria de Cambio Climático del PSOE y portavoz socialista en materia de medio ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, ha defendido que los Parques Nacionales son la "joya de la corona de la conservación" y para cazar, talar madera, hacer rafting o volar sin motor "hay otros lugares afortunadamente" en España. 

"No todo vale. Hay que distinguir lo público de lo privado. Debe primar el interés general y no de unos privilegiados o unos pocos. Espero que lo dejen aquí y no traigan más leyes ambientales. No les prometan a sus amigos que esta ley les va a garantizar muchos años de caza porque no lo vamos a permitir", ha sentenciado la socialista.

Por su parte, el diputado Martí Barberà, de CiU, se ha opuesto al proyecto de ley y a las enmiendas del Senado porque es "innecesaria e inoportuna e inconstitucional".

"Es inoportuna porque con el actual marco legal y sus mecanismos se puede ejercer la función de coordinación y evaluación de la red por si alguna administración no cumpliera con los requisitos marcados. ¿Qué motivo tienen para imponer esta ley que solo tiene el apoyo del PP? ", se ha preguntado, avisando al mismo tiempo de que abrirán una nueva etapa de litigiosidad competencial entre la Generalitat y el Estado porque es "inconstitucional".

Desde el PNV, Joseba Agirretxea ha criticado que no se haya contado con las comunidades autónomas. "Si de por sí ya la ley tenía carencias importantes al salir del Congreso, la incorporación del Senado la ha rematado con usos que no corresponden a un parque natural", ha valorado.

En la misma línea, Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha asegurado que las enmiendas del Senado "consuman el desastre para el medio ambiente" y supone "un nuevo episodio de la escopeta nacional" para personas cercanas al Partido Popular.

Para el portavoz de UPyD, Toni Cantó, el Gobierno es "tímido" cuando se trata de recuperar competencias para la Administración Central pero "claro y valiente" en lo que tiene que ver con la caza o el aprovechamiento económico. "Están utilizando ciertos Parques Nacionales como su cortijo", ha sentenciado.

Finalmente, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha asegurado que los senadores del PP han obedecido "a pies juntillas" las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y aprobaron una enmienda que permite que seguir con las monterías en las fincas privadas de "algunos señoritos".

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