El fiscal del caso Palau pide 27 años para Millet y Montull y siete para el extesorero de Convergència

• Acusa a Millet y Montull de malversación de fondos públicos
• Al extesorero de CDC, de tráfico de influencias y blanqueo

Fèlix Millet (i), Jordi Montull (d), y el abogado Jordi Pina (c) en una imagen de archivo.

El fiscal ha pedido 27,5 años de prisión para el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y para quien era su mano derecha, Jordi Montull, por varios delitos en el expolio económico del Palau de la Música y otros 7,5 años para el extesorero de CDC Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía cree que uno de los principales factores que propiciaron que el expolio del Palau se perpetuara durante  décadas sin que nadie diera "la voz de alarma" fue un "círculo socioeconómico y político  ensimismado, donde intereses de todo tipo convergieron en una  conveniente ceguera". 

En su escrito de calificación, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa a Millet y Montull, entre otros, de delitos de malversación de caudales públicos,  falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y un delito  contra la hacienda pública. También, pide 26 años de prisión para la  ex directora financiera de la entidad,  Gemma Montull.

Por el presunto entramado para el pago de comisiones  ilícitas a CDC, el fiscal acusa de tráfico de influencias y blanqueo de  capitales al extesorero Daniel Osàcar, y pide año y medio de prisión  para el exdiputado convergente Jaume Camps. Además, plantea el  comiso de 6,6 millones de euros a la formación nacionalista por las  sumas que supuestamente recibió de Ferrovial a cambio de la adjudicación  de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

Multas de 20 millones de euros

Por otro lado, el Ministerio Público reclama multas de 20 millones de euros a Osàcar y a  los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado  mediante la trama de comisiones ilícitas, y de diez millones para Jaume  Camps y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga,  quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión.

Asimismo, en la introducción de su escrito de calificación, el fiscal plantea la  necesidad de tener en cuenta toda una serie de "elementos sociológicos e  incluso, si se quiere, psicológicos" para explicar un saqueo de una  institución emblemática para Cataluña que se prolongó durante más de  treinta años "sin que nadie formulara reparos".

Sánchez-Ulled resalta también el "arraigo histórico y  el merecido prestigio cultural del Orfeó en la sociedad catalana",  elementos que en su opinión "fueron habilidosamente explotados por Fèlix  Millet y sus compinches para enmascarar sus ilícitos manejos, incluso  los más turbios".

Según el fiscal, Millet dirigió el Palau "de forma personalísima y  con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático" y, junto a su  mano derecha Montull, aprovechó "descaradamente la confianza  pública generada por el prestigio cultural y social inherente" a la  institución.

Fue Fèlix Millet, en opinión del ministerio público, quien facilitó el  contacto entre Ferrovial y CDC para el pago de comisiones ilícitas del 4  % por la adjudicación de obra pública, "peajes" que los imputados se  repartían, supuestamente, a una proporción del 2,5 % para la formación y  de 1,5 % para los saqueadores del Palau.

"Entramado delictivo"

El fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la  complicidad de la ex directora general del Palau Rosa Garicano, para la  que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman  doce millones de euros.

Además de detallar los mecanismos por  los que Millet y Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del  Palau, el fiscal describe un "entramado delictivo" para la  "financiación ilícita" de CDC que los expoliadores urdieron junto a  Ferrovial y cargos de la formación entre los años 1999 y 2009, a cambio  de la adjudicación de obras como la Ciutat de la Justicia o la línea 9  del metro.

En opinión del fiscal, en la organización de ese  mecanismo participó "como mínimo" el extesorero de CDC fallecido en 2005  Carles Torrent en "colaboración directa" con Jaume Camps, quien "aunaba  todos los elementos precisos para desempeñar funciones de enlace", dado  que era parlamentario de la formación nacionalista y al mismo tiempo  prestaba servicios profesionales para Ferrovial.

"El sistema  fue luego continuado y perfeccionado por el acusado Daniel Osàcar",  añade el fiscal, que admite que, pese a que ese extremo no ha podido ser  acreditado, "la lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar  como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido".

Esos "altos responsables" de CDC se unieron al tesorero para "ejercer  el ascendente que ostentaban sobre los cargos públicos pertenecientes o  afines a su formación política" con el fin de asegurar el flujo de  adjudicaciones que pretendía Ferrovial, remacha Sánchez Ulled.

"Bien partiera de CDC, bien de Ferrovial la iniciativa primera, lo  cierto es que el acuerdo criminal era relativamente sencillo pero  demoledor", sostiene el fiscal, que cree que mediante esa trama los  imputados garantizaron "un flujo constante de contratación favorable a  la empresa", estabilidad que lograron gracias a que las comisiones  ilícitas "se fraccionaban en el tiempo".

Convenios de colaboración

Ese pago de comisiones  se "enmascaró", según la acusación pública, mediante convenios  "mendaces" de colaboración con la Fundación Trias Fargas afín a CDC  (actual Catdem), entregas en efectivo y facturación falsa a través de  empresas proveedoras del Palau de la Música y de la formación  nacionalista.

Según el fiscal, Millet, los Montull y Rosa  Garicano deben devolver al Palau de la Música y el Orfeó Català 18  millones de euros correspondientes a "retiradas ilícitas de fondos en  efectivo", de los que 9,6 millones "han desaparecido sin dejar rastro alguno".

El fiscal lamenta que no se ha podido determinar quién cobró esos  cheques porque "las entidades bancarias no han conservado  la documentación justificativa".

El escrito de la Fiscalía  pide también tres años de prisión para los administradores de las  empresas que presuntamente emitieron las facturas falsas que permitieron  el desvío de fondos a CDC y la misma pena para Raimon Bergós, abogado y  exsecretario del Palau, por su participación en la facturación mendaz  que hizo posible el desfalco.

CDC niega haberse lucrado con el Palau

Por su parte, CDC ha negado haberse lucrado del Palau de la Música y ha defendido la "irreprochable" actuación de Daniel Osàcar como responsable de las finanzas del partido y de su predecesor en el cargo, Carles Torrent, ante las acusaciones de la Fiscalía.

En un comunicado, CDC ha expresado el "máximo respeto" para todas las actuaciones judiciales y ha asegurado que continuará colaborando con la justicia para esclarecer todos los hechos que se le imputan.

Sin embargo, el partido presidido por Artur Mas ha considerado que los hechos que se imputan en el proceso judicial del expolio del Palau de la Música "son falsos y no probados". En este sentido, ha remarcado que utilizará todos los mecanismos para defender "su absoluta inocencia".