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Caso de los ERE

Toxo afirma que CCOO no cometió ilegalidades en los ERE pero reconoce desorden en la facturación

  • El sindicato reconoce "desorden" y una facturación "manifiestamente mejorable"
  • Toxo niega que CCOO haya formado o forme parte de la trama de los ERE
  • También rechaza que haya habido enriquecimiento personal de los imputados

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UGT y CCOO reconocen que pudieron cometer errores en el caso de los ERE

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho que el sindicato no cometió ilegalidad en los ERE andaluces pero sí ha señalado que la investigación interna constata "desorden" en la facturación de las pólizas e "indicios, en algunos casos, de comportamientos reprobables".

En rueda de prensa, Toxo, que ha desgranado el informe elaborado por la comisión de investigación interna sobre la intervención sindical en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, ha reconocido "desorden" en la facturación -aunque no el cobro de comisiones- y ha asegurado que, a partir de ahora, la facturación de las pólizas de seguros ya no se hará a través de entidades mediadoras sino directamente a las empresas.

Por su parte, el secretario de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha afirmado que los dos elementos que se han usado para acusar al sindicato, la financiación irregular y la pertenencia a una trama son "absolutamente falsos".

"El sindicato ha actuado desde la legitimidad, el compromiso y la coherencia en defensa de los trabajadores para mantener el máximo de empleo y que aquellos que tengan desgracia de perder empleo salgan en las mejores condiciones posibles", ha añadido.

El responsable andaluz sí ha apuntado a la Junta de Andalucía para cargar contra el sistema de ayudas y se ha referido a la "gran chapuza administrativa de la autoridad laboral".

"Esa chapuza ha hecho que aparezcan intrusos que no lo son pero el sindicato ni ha hecho un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre cómo se participaba o las ayudas sociolaborales ni es cierto que las federaciones fueran todo el día corriendo detrás de las aseguradoras, como se dice".

Por su parte, Toxo ha avanzado que de los diez imputados, hasta el momento, vinculados a CCOO, se ha convenido que "cinco de ellos merecen la protección jurídica por parte del sindicato" mientras que de los otros cinco "algunos no pertenecen a la organización y dos están inmersos en un proceso sancionador por parte del sindicato".

Los imputados de CCOO no han "metido la mano"

El informe de la Comisión rechaza que CCOO haya participado en la trama de los ERE o que alguno de los imputados "haya metido la mano" pero sí confirma "desorden" en la facturación, así como "deficiencias en la instrucción" de la juez Alaya, aunque no han estimado ningún tipo de actuación, algo que sí estudia UGT al considerar "innecesarias" las retenciones de sus sindicalistas.

En este sentido, Toxo ha dicho que "no es entendible" que se haya tardado tanto tiempo para pedir los datos a la Agencia Tributaria.

Toxo: "La facturación debería haberse hecho en todos los casos a las empresas"

Toxo ha insistido en que no es adecuado facturar a la consultora y ha reconocido que "la facturación debería haberse hecho en todos los casos a las empresas".

No obstante, Toxo ha resaltado que "no ha habido indicios de enriquecimiento personal de las personas imputadas pero si lo hubiese -dado que el informe es abierto y está sujeto a cualquier tipo de corrección- el sindicato tomaría las decisiones que correspondan".

"Si existe o hay indicios de que hay una trama vinculada a los ERE, CCOO no ha formado parte, ni forma, ni formará parte de esa trama" ha reiterado el líder sindical al tiempo que ha reconocido que la facturación y sus cauces son "manifiestamente mejorables".

En este marco, Toxo ha revelado que la comisión recomienda que, en un futuro, no se financien costes de actuación en un ERE con cargo a los fondos públicos.

"Creemos que es legal, pero el sindicato no debe emitir ninguna factura cuando un ERE esté soportado por recursos públicos", ha dicho.

Además, Toxo ha planteado que el Parlamento debata de forma urgente si tienen cabida la financiación pública de los sindicatos y las organizaciones empresariales por medio de los presupuestos generales del Estado.

"Creemos que sí", ha opinado, "pero la sociedad tendrá que decidirlo y acabar de una vez con esa discusión".