Las autonomías tendrán que informar a Exteriores de la apertura de oficinas en otros países
- Es una de las medidas incluidas en el proyecto de ley de acción exterior
- Si no optan por la opción más barata, Asuntos Exteriores lo hará público
- El Gobierno aprueba también el proyecto de ley de seguridad privada
- Las empresas de seguridad privada no podrán ofrecer detectives
Los gobiernos autonómicos que quieran abrir oficinas en el extranjero, sean del carácter que sean, deberán informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Comité Ejecutivo de Política Exterior para evaluar si "hay alternativas más baratas y eficientes", aunque la decisión final seguirá siendo de las comunidades.
Esta es una de las medidas que recoge el proyecto de ley de acción exterior que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros y que ahora será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha explicado que se trata de que, si hay opciones más baratas para que las autonomías se establezcan en el exterior, como aprovechar las propias delegaciones diplomáticas del Estado, ahorren ese dinero y lo dediquen a "hacer más ambulatorios".
García-Margallo ha advertido de que, si las comunidades "desestiman la invitación" a compartir instalaciones, el Gobierno publicará la recomendación del ministerio y la negativa de los gobiernos autonómicos para que los ciudadanos sepan "por qué se ha desechado una opción de este tipo".
"Creo que es más sensato que unan sus esfuerzos, se instalen en las representaciones de España en el Exterior, lo que les permitirá ahorrar dinero y contar con la experiencia de los representantes", ha señalado Margallo.
De hecho, ha señalado el ministro, el propio Gobierno aprovechará las delegaciones de la UE en algunos países e impulsará representaciones diplomáticas conjuntas con países iberoamericanos.
Los presidentes autonómicos tendrán que explicar sus viajes al exterior
La futura ley incluye también la obligación de los presidentes autonómicos de explicar los motivos de sus viajes a otros países para que tengan "a su disposición la representación exterior de España como se merecen y se les apoye en lo que se les pueda apoyar", según ha explicado el ministro José Manuel García-Margallo.
El objetivo de la nueva ley es reforzar la capacidad del Gobierno para coordinar la acción exterior que realizan muchos agentes en ejercicio de sus competencias: la Corona, el Ejecutivo, las Cortes, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades, los ayuntamientos y los organismos públicos.
El fin, en palabras del ministro de Exteriores, es tener "una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura".
Será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, documentos que serán completados con el plan director de cooperación -también cuatrienal- y con los informes de la Marca España, informa Efe.
El proyecto de ley de seguridad privada
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impondrá mayores controles a los detectives privados, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las fuerzas de seguridad.
La futura ley, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.
"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad que ejercen las fuerzas de seguridad para mejorar", ha destacado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Entre las modificaciones que incorpora el proyecto con respecto al texto inicial y después de estudiar los observaciones de 44 entidades, las empresas de seguridad privada no podrán realizar investigaciones, una labor reservada a los detectives y estos tampoco podrán entrometerse en las funciones de los primeros.
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