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Un informe del Gobierno de Euskadi acusa a la Policía de 94 muertes en el 'caso vasco'

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Un informe encargado por el Gobierno Vasco acusa a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) de 94 muertes relacionadas con lo que denomina como 'caso vasco' entre 1960 y 2013. Según este documento, la cifra total de víctimas mortales por vulneración de derechos humanos en ese período de tiempo asciende a 1.004, entre las que se incluyen 837 muertos por ETA y 73 por grupos parapoliciales y de extrema derecha.

Por su parte, el ministro del Interior ha defendido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que a su juicio, actúan "siempre en el marco de la ley".

El estudio, que no incluye los nombres de las víctimas y que forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, cuantifica todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas desde 1960 hasta 2013 en Euskadi o fuera de la comunidad autónoma pero relacionadas con ella, desde asesinatos de ETA o el GAL, hasta abusos cometidos por las fuerzas policiales y acciones de "contraterrorismo" ilícitas.

El Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco ha sido elaborado por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte; el profesor y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de la etapa de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa; la jueza y asesora del anterior Ejecutivo socialista, Manuela Carmena, y el profesor de Derecho y exconcejal del PP, Ramón Mugica.

El documento ha sido entregado este viernes por sus autores al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Presidencia vasca, en Vitoria, ha dicho que el Gobierno Vasco asume la prioridad de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a todas las víctimas de derechos humanos sin "equiparaciones ni discriminaciones".

Los muertos y heridos por la acción de las FSE

De los 94 muertos a consecuencia de la acción de las FSE, el informe detalla que ha habido 9 fallecidos bajo custodia policial, 20 en controles policiales, 17 a causa de "confusiones, errores y abusos", 16 por altercados de policías fuera de servicio, 30 en manifestaciones y movilizaciones y 2 "por la pena capital".

El estudio diferencia entre varias etapas. En el caso de las muertes causadas por las FSE se indica que entre 1960 y 1975 hubo 26 fallecidos, mientras que entre 1976 y 1978 se produjeron 30 muertes, entre 1979 y 1982, otras 24, y desde 1983 hasta la actualidad, 14.

Además de los 1.004 muertos cuantificados, el documento también recoge datos de más de 3.700 personas heridas como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos en dicho período.

Así, por la acción de la banda terrorista ETA se cuantifican entre 2.365 y 2.600 los heridos, a los que se suman 746 por las fuerzas de seguridad del Estado, y 426 por grupos parapoliciales y de extrema derecha como el Batallón Vasco Español, Triple A, Antiterrorismo ETA o el GAL.

El informe no incluye el número de personas que han denunciado torturas por las "dificultades" para investigarlas, aunque sus autores recomiendan hacer un estudio sobre la fiabilidad de esas denuncias.

Tampoco se menciona a las personas muertas por "suicidios, enfrentamientos, manipulación de armamento propio o disparos fortuitos entre cuerpos policiales", pero en las recomendaciones se insta a que se tenga en cuenta que 277 personas murieron por esas causas.

Un informe "fiable" y con "datos objetivos"

El informe, que se define como una obra "recopilatoria" de trabajos anteriores, ha sido elaborado a partir de casos "constatados y constatables en base a fuentes fiables, suficientemente documentadas y ya existentes".

De todas formas, en el documento se indica que en los casos en los que "la existencia de graves violaciones de derechos humanos puede afirmarse pero no documentarse cuantitativamente, esta realidad se reflejará a partir de indicios preliminares reconocidos como tales según los estándares internacionales". El lehendakari ha destacado que el trabajo se ha elaborado por personas "independientes" y "desde la primacía de los principios éticos".

Urkullu ha afirmado que el informe contiene "datos objetivos" que reflejan "la verdad de lo ocurrido". "Los datos informan, no pueden hacer daño, el daño lo puede hacer una interpretación de los mismos que no atienda a los principios éticos", ha manifestado. El documento, que será remitido al Parlamento Vasco, pretende "corregir las lagunas en el reconocimiento y la reparación" a las víctimas, según ha explicado el presidente del Gobierno autonómico.

Por su parte, Uriarte ha manifestado que este trabajo pretende ser "una modesta contribución a la paz y la reconciliación", y que se ha elaborado desde una "exquisita sensibilidad". El obispo emérito de San Sebastián ha indicado que "la verdad entera tiene aristas que la hacen difícilmente digeribles", pero que se ha afrontado el estudio "evitando toda equiparación" entre unos y otros sufrimientos.

Por su parte, el obispo emérito de San Sebastián ha indicado que en el informe se ha procurado combinar la claridad y la delicadeza "evitando toda equiparación" y ha abogado por continuar por el camino hacia la paz y la reconciliación, una tarea "difícil pero ineludible".

"Actúan en el marco de la ley"

Para el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, las FSE "actúan siempre en el marco de la ley y sujetos al principio de legalidad". Así lo ha manifestado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes.

Díaz ha explicado que "si ha habido alguna vuleneración, la justicia siempre actúa", pero aún así ha insistido en que "respetan absolutamente los derechos humanos", y que no podía aceptar "una denuncia de carácter general cuando las FSE son ejemplares en su trabajo.

El ministro ha querido hacer hincapié, por contra, en que lo importante ahora es "la disolución de ETA".

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