El presidente andaluz, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves comparecerán el 31 de agosto en la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares de la Junta, y un día antes, el 30 de agosto, lo harán los dirigentes del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana.
La comisión, reunida este miércoles en el Parlamento, ha fijado el calendario "definitivo" de la comparecencias, que ha sido aprobado por el PSOE e IU y rechazado por el PP, con lo que se aplaza casi un mes sobre el plan de trabajo inicialmente previsto que barajaba las declaraciones entre el 23 de julio y el 3 de agosto.
El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha justificado en rueda de prensa las modificaciones en la idea de ganar tiempo tanto para recibir la documentación solicitada como para poder localizar y convocar a los 25 comparecientes.
Según el calendario fijado para la primera ronda de comparecientes, las sesiones comenzarán el 21 de agosto con las declaraciones del exdiputado del PSOE Ramón Díaz, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exasesor de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois.
Finalizaran diez días después, el viernes 31 agosto, con las de José Antonio Griñán y la de Manuel Chaves, aunque no se descartan nuevas comparecencias y otras solicitudes de documentación durante septiembre, según García, que ha dicho que "no es una obsesión" acabar el 30 de septiembre.
La comisión empezará las comparecencias sin toda la documentación que han solicitado los grupos, entre ellas el informe que está elaborando la Cámara de Cuentas sobre los ERE irregulares, que se hará público en septiembre.
Aún así, ha apostado por un ritmo en los trabajos de la comisión que "no se ha acelerado ni estirado artificialmente" y ha recordado que septiembre será un mes parlamentario "muy intenso".
A petición de IU, que había solicitado taquígrafos dentro de la comisión, se ha decidido como novedad grabar las sesiones deliberativas, imágenes que podrían ser "desclasificadas" si hay acuerdo.
El calendario fija para el 30 de agosto la asistencia de Javier Arenas y Eduardo Zaplana, y para el día 29 las de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP).
Otra de las fechas señaladas en las declaraciones será el 22 de agosto, día en el que se espera que acudan a declarar el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (en prisión preventiva) y los imputados Ángel Rodríguez de la Borbolla y Antonio Rivas en el caso que investiga la juez Mercedes Alaya.
Al día siguiente, el día 23, comparecerán Juan Márquez, Daniel Rivera y Agustín Barbera, los ex altos cargos de la Consejería de Empleo, todos ellos imputados por la juez Alaya.
En la relación figuran también otros consejeros o exconsejeros de la Junta Andalucía como José Antonio Viera y Antonio Fernández (24 de agosto); Manuel Recio, Francisco Vallejo y Martín Soler (27 de agosto) o Antonio Ávila y Magdalena Álvarez (día 28).
Sobre los encarcelados por la juez, caso de Guerrero o Antonio Fernández, la comisión sigue con la idea de pedir permisos bien para que acudan a declarar al Parlamento o través de videoconferencia, si antes no han salido de prisión.
Por su parte, la juez que investiga los ERE ha rechazado la recusación planteada por Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y le haimputado cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado "forma y continuidad" a las ayudas instauradas por su antecesor Javier Guerrero, encarcelado desde marzo.
La juez ha rechazado por extemporánea la recusación planteada ayer martes mismo por Rivera, cuyo abogado alegó el retraso en resolver sus recursos contra la imputación.
En un auto entregado a las partes, la juez dice que cuando el pasado 20 de junio le fue notificada a Rivera la citación para declarar este miércoles como imputado, había transcurrido "con creces" el plazo del 4 de junio para que las partes presentasen alegaciones.
En cuanto a la pretensión de Rivera de que no se admitan determinadas pruebas y documentos aportados por otros imputados, Alaya responde que la recusación "no es el mecanismo procesal oportuno".
Tras el receso para notificar este auto, Rivera ha comenzado a declarar y no se ha acogido a su derecho a no hacerlo, como barajaban algunos letrados.
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