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El Gobierno reducirá un 15% la paga de los cuidadores familiares de dependientes

  • Tampoco se hará cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores
  • PSOE y PP se han enfrentado por la ley de la dependencia
  • Sanidad y las Comunidades avanzan en un catálogo de servicios mínimos
  • Luz verde para transferir 47 millones de euros a las corporaciones locales

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El gobierno recorta un 45% los fondos que reparte para políticas sociales básicas

El Gobierno reducirá un 15% por ciento la paga a los cuidadores familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales que se incorporen a partir de ahora al sistema.

Estas son algunas propuestas de reforma de la ley de dependencia que ha planteado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según han informado a los medios las consejeras de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, y la de Política Social de Canarias, Inés Rojas.

Ana Mato ha explicado este martes a las Comunidades Autónomas la propuesta de reforma de la ley que llevará el próximo viernes al Consejo de Ministros, que modificará la aportación de los usuarios al sistema.

Se primará los cuidados profesionales sobre los familiares

Asimismo la ministra de Sanidad ha asegurado que la reforma de la ley de dependencia potenciará los cuidados profesionales de los dependientes sobre los cuidadores familiares, a los que no solo reducirá un quince por ciento la paga, sino que también exigirá unos conocimiento mínimos para concederles la asignación.

Durante cuatro horas, la ministra y los consejeros autonómicos del ramo han debatido la propuesta de reforma de ley que previsiblemente aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros, así como un real decreto que modifica la aportación de los dependientes al sistema.

"Hemos logrado un gran acuerdo que mejora el sistema y su viabilidad", ha señalado Mato, quien ha afirmado que la dependencia hasta ahora era "insostenible y necesitaba un cambio urgente", ya que en los últimos años estaba "colapsada", como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera.

Entre las principales medidas acordadas, destaca la simplificación del sistema en tres grados de dependencia, así como un nuevo sistema para calcular la aportación de los usuarios al sistema, en función de su renta y su patrimonio.

Rifirrafe entre el PSOE y el PP por la ley de dependencia

Precisamente este martes por la mañana la ley de dependencia ha enfrentado al PSOE con el PP. Para los primeros, los cambios en la ley supondrán que un "ataque" contra los dependientes en general y, particularmente, contra los mayores. Sin embargo, el PP ha respondido que nadie se quedará desantendido.

El Partido Socialista ha considerado que los cambios planteados por el Gobierno en la asistencia por dependencia son un "auténtico ataque" contra los dependientes en general y, particularmente, contra los mayores, en lo que ha descrito como una situación "insoportable" para éstos.

"La ley de dependencia es joven, necesita todavía un tiempo para su consolidación definitiva; está insuficientemente financiada en este momento, el Gobierno lo que tiene que hacer es poner más recursos para poder financiarla, que es no demasiado costoso", ha declarado a la prensa la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez.

Por ello, el PSOE se va a oponer a ese real decreto, pues hace recaer, de nuevo, sobre las personas más vulnerables, ha subrayado, "los ajustes y recortes" del Gobierno del PP.

Por su parte, la portavoz de Servicios Sociales del PP en el Congreso, Susana Camarero, ha insistido "alto y claro" en que ninguna persona mayor se quedará desantendida dentro del sistema de atención a las personas dependientes, al mismo tiempo que ha pedido a los socialistas que sean "coherentes y responsables" después de la "insostenible herencia" que han dejado en el sistema.

Camarero ha respondido a las críticas de Jiménez y ha recordado que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se destina el 68 por ciento del Presupuesto a las personas mayores, frente al 56 por ciento que dirigía el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Al mismo tiempo, ha subrayado que la reforma que va a presentar la ministra del ramo, Ana Mato, este martes a las comunidades autónomas "pretende salvar el sistema de la insostenibilidad financiera absoluta a la que ha llevado el anterior Gobierno socialista".

Un catálogo común de servicios sociales mínimos

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales aprobó este martes, junto a las comunidades autónomas, un borrador para establecer un catálogo de referencia de servicios sociales a nivel nacional, con el fin de asentar "unos criterios mínimos de calidad comunes a toda la geografía española".

Este fue uno de los principales acuerdos adoptados este martes en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que presidió la ministra Ana Mato, y en la que participaron los responsables de dicha materia del Ministerio y las autonomías.

En nota de prensa, Sanidad admitió que "la tarea no ha resultado sencilla", dada la gran diversidad de legislación autonómica sobre asuntos sociales y las diferencias entre organismos responsables en cada región.

Sin embargo, gracias a la colaboración de todos los inmplicados se logró una redacción final del borrador del catálogo, que será presentado al tercer sector, informó el Ministerio.

Este texto enumera todos los servicios sociales que ofrecen las distintas administraciones españolas y distingue entre prestaciones básicas y complementarias. Las primeras son preceptos recogidos en leyes estatales, que hacen referencia a servicios básicos o se ofertan de forma generalizada en todo el Estado.

Las complementarias en cambio están amparadas por la legislación autonómica y se refieren a servicios más especializados y técnicos, dirigidos a determinados sectores de población.

Además, el catálogo diferencia entre prestaciones económicas (rentas mínimas, ayudas de emergencia, ayudas a víctimas de violencia de género o personas en situación de dependencia) y cobertura de servicios.

Dentro de este último apartado figuran los de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico (atención primaria y especializada); servicios de valoración (dependencia, discapacidad e inmigración); de atención telefónica (a menores, mujeres víctimas de violencia de género, atención en domicilio.); intervención y apoyo a la familia; protección de menores; atención residencial; apoyo psicosocial; prevención e inclusión social, y protección jurídica.

47 millones para las corporaciones locales

Durante este encuentro también se dio luz verde a una transferencia de 47.300.000 euros a las corporaciones locales, a fin de garantizar la prestación de servicios de atención primaria.

Estos fondos corresponden al Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de los entes locales, y han sufrido una reducción del 45,4% respecto al año pasado.

Con todo, desde el Ministerio afirman que esta aportación permitirá el mantenimiento de servicios esenciales como comedores sociales, residencias de estancia diurna, pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.

Andalucía es la comunidad que más dinero recibirá, con 9.272.263,48 euros, lo que representa un 19,69% de la transferencia total. Le siguen Cataluña (6.697.445,71 euros y un porcentaje del 14,22%), Madrid (5.413.333,05 y 11,49%) y la Comunidad Valenciana (4.686.752,23 euros y un 9,95% del total).

Finalmente, en esta Conferencia Sectorial, Navarra fue designada como sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2013, y se dio el visto bueno a la Estrategia Nacional para la Inclusión del Pueblo Gitano 2012-2020.

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