El Supremo anula parte de un decreto que fija el catalán como lengua vehicular en las escuelas

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulos varios artículos de un decreto de la Generalitat de 2008 que establece el catalán como lengua vehicular tanto en las actividades internas como externas de las escuelas en el segundo ciclo de educación infantil, de tres a seis años.

En su sentencia, el Supremo estima parcialmente un recurso presentado contra una sentencia de julio de 2011 en la que el pleno de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló el Decreto 181/2008, que establece la ordenación de las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil en Cataluña.

Concretamente, la sentencia del TS ha anulado ahora los artículos 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 del Decreto, que establecen que el catalán debe ser la lengua de expresión en las actividades de las escuelas -tanto en las internas como externas-, descarta la separación de los alumnos en función de la lengua, implanta metodologías de inmersión lingüística y obliga a los centros a aprobar un proyecto para el uso del catalán en la escuela.

También anula el Supremo los artículos 10.1, que obliga a los centros a aprobar un proyecto educativo para conseguir la normalización del catalán en todos los ámbitos docentes y administrativos, y el 14.3, que establece que las escuelas deben dedicar atención preferente a los alumnos inmigrantes para que aprendan el catalán.

En opinión del Supremo, para ser constitucional el decreto de la Generalitat debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo "a que se solicite por quien lo posea a título individual".

"O lo que es lo mismo, la norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste", aclara el fallo.

El Supremo rechaza en su sentencia que el castellano "quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más,  sin que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza".