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El exvicepresidente valenciano defiende la legalidad de su gestión en relación al Gürtel

  • Ha comparecido como imputado en la presunta financiación irregular del PP
  • Incluido como presunto responsable de las adjudicaciones a empresas de la trama

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El exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla ha defendido este martes ante el juez que su gestión política siempre ha estado "ajustada a la legalidad", y está seguro de que el instructor ha quedado "convencido" de ello durante su declaración como imputado.

Rambla ha comparecido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por la supuesta financiación irregular del PPCV relacionada con la trama Gürtel, y por la contratación pública de su filial Orange Market para montar el expositor de la Generalitat en Fitur durante la etapa de gobierno de Francisco Camps.

El exvicepresidente ha prestado declaración durante cerca de dos horas en el Palacio de Justicia, donde ha sido interrogado por las tres piezas que componen la causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Administración autonómica.

Tras su comparecencia, y en una declaración ante los periodistas en la que no ha admitido preguntas, Rambla ha expresado su "satisfacción" por haber podido explicarse en sede judicial.

Según ha dicho, está "convencido" de que el instructor de la causa "ha visto" que su actuación "ha estado ajustado a la legalidad", como "siempre ha sido" durante los doce años en los que ha formado parte del Gobierno valenciano.

Presunto responsable de las adjudicaciones a empresas de la trama

Rambla fue incluido en la querella que presentó el PSPV-PSOE -que ejerce la acusación popular- como presunto responsable de las adjudicaciones públicas recibidas por empresas vinculadas a la trama, principalmente Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez "el Bigotes".

Después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano aceptara hacerse cargo de esta investigación, en mayo del pasado año, el PP presentó un recurso para que se excluyera de la misma al ex número dos del gobierno de Camps.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y lo Penal de este órgano judicial mantuvo su imputación argumentado que el informe fiscal sobre la financiación del PPCV le citaba "específicamente" como partícipe de las gestiones para la contratación pública de Orange Market.

La causa se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la remitió a Valencia al observar que afectaba a diputados de esta comunidad autónoma.

El instructor de Madrid observó indicios de delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 a través de una presunta financiación irregular del PPCV, partido que contrató a la empresa de la trama Gürtel "Orange Market" para que le organizara diferentes actos de campaña.

La investigación se centra ahora en determinar si las deudas del PP valenciano con la firma que gestionaba "el Bigotes" fue saldada por otras empresas.

El juez continuará este miércoles la investigación tomando declaración, también como imputada, a la exconsellera de Turismo Angélica Such, quien únicamente deberá responder a preguntas relacionadas con los contratos públicos.

Cuando ella finalice, comparecerá el que fue administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008, Cristóbal Páez, quien sólo recibirá preguntas relacionadas con el delito de supuesta falsedad en documento mercantil.

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