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Menos mujeres en edad fértil y el freno de la inmigración, causas del descenso de los abortos

  • Se cumple un año de la implantación de la “ley del aborto”
  • El descenso de abortos de debe a un factor demográfico
  • La diferencia entre comunidades hace muy difícil su implantación
  • Las labores educativas que contempla la ley aún no están en marcha

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Desigualdades en la aplicación de la ley del aborto

Los puntos básicos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva

1- Aborto libre hasta la semana 14, o 22 en caso de riesgo.

2- Se reconocen los 16 años como la mayoría de edad para poder decidir sobre la interrupción del embarazo sin más requisitos que su consentimiento y su voluntad.

3- Impone nueva sanciones ante el incumplimiento de los supuestos previstos en la ley, pero en ningún caso contempla penas de prisión para la mujer.

4- El lugar en el que se practicará la interrupción voluntaria del embarazo serán centros de la red sanitaria pública.

5- Los médicos objetores a la ley deberán ser justificados y por escrito.

6- Contempla la financiación total o parcial de los anticonceptivos.

En España hay 325.425 mujeres menos en edad reproductiva que en 2007. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que, junto con el freno de la llegada de mujeres inmigrantes de entre 15 y 45 años (de las más de 100.000 mujeres de 2008 a las poco más de 11.000 actuales), demuestran que el descenso que comenzó en 2009 en el número de interrupciones voluntarias del embarazo no tiene en la ley de Salud Sexual y Reproductiva su principal causa.

Aunque el Ministerio de Salud y Política Social aún no tiene ultimados los datos exactos de mujeres que han decidido la interrupción voluntaria de sus embarazos, los datos de las Comunidades Autónomas y de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), dejan prever un descenso en el último año cercano al 4%, según la provincia.

Doce meses después de su entrada en vigor "la ley no se cumple". Lo dice Santiago Barambio, presidente de ACAI, que explica que la desaparición del Ministerio de Igualdad ha dejado "huérfana" una ley "más garantista que la de 1984", y que reconoce a las mujeres la "oportinidad de decidir sobre su cuerpo".

Entre los criterios que impone la ley destacan la posibilidad de abortar hasta las 14 semanas de gestación o la consideración de los 16 años como la mayoría de edad para poder decidir.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha dicho en Radio Nacional de España (RNE) que el Gobierno trabajará para que la ley se cumpla en condiciones de igualdad en todas las comunidades autónomas.

"Aunque aún no tenemos datos, creemos que la ley va en buen camino", ha aseverado la ministra.

"Una ley del aborto por autonomía"

En Cataluña las mujeres tienen que adelantar el dinero. Las que quieran abortar en Navarra o La Rioja tienen que salir de su comunidad. En Asturias, clínicas que antes realizaban la interrupción de embarazos con normalidad, ahora para abortos después de las 14 semanas de gestación, se les han pedido unos requisitos difíciles de cumplir, como por ejemplo, tener un helipuerto.

La "falta de implicación" del ejecutivo ha permitido, a juicio de Santiago Barambio, que tanto los criterios de calidad a los que se someten a las clínicas, como la información que reciben las mujeres cuando quieren abortar, sea arbitraria dependiendo de la comunidad en la que se encuentre la embarazada.

Especialmente llamativo es el caso de Madrid, donde las clínicas han pedido créditos ante la falta de ayudas de la Comunidad para pagar los abortos. Barambio calcula que “las clínicas madrileñas deben millón y medio de euros en créditos que han pedido para poder realizar las interrupciones del embarazo”.

Otra de las diferencias fundamentales entre comunidades es el tiempo que se tarda en el proceso que va desde la recepción de la solicitud hasta que se realiza el aborto.

Mientras en País Vasco, Valencia, Murcia o Galicia no dura más de una semana, en otras como Cataluña, Madrid o Castilla y León puede dilatarse hasta tres semanas. Hecho que conduce a muchas mujeres a renunciar, “por agotamiento emocional” indican desde ACAI.

Una ley a medio camino de implantarse

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva no es una ley que regula solo la interrupción voluntaria del embarazo. También contempla medidas del ámbito educativo que pretenden dar una visión de la sexualidad en ámbitos de igualdad, así como la prevención de enfermedades o de embarazos no deseados.

Sin embargo, un año después de su puesta en marcha, esta es quizá la laguna más importante de la ley. Ni se ha impartido en el pasado curso la formación tanto de profesionales como de ciudadanos, ni parece que esté prevista su implantación para el próximo.

Otras lagunas son la regulación de la objeción de los médicos, o en qué momento se considera que comienza la gestación, decisión que según en presidente de ACAI "puede llegar a robar cerca de dos semanas a la mujer en el ejercicio de su derecho".

Las voces en contra de la ley

La parte más polémica y que más destacó hace un año de esta ley fue el reconocimiento a las mujeres de 16 y 17  años del derecho a decidir si quieren interrumpir el embarazo, sin la necesidad del consentimiento de sus padres. Aunque los primeros datos demuestran que las mujeres de estas edades solo representan el 4% de las mujeres, y que el 90% de ellas acude a las operaciones acompañadas, sigue siendo un tema sensible y especialmente mediático.

Desde las organizaciones "provida" se exige la retirada de una ley que consideran que "permite que a la mujer se le esconda información sobre lo que de verdad supone el aborto". Así figura en el manifiesto que promueven desde "Derecho a Vivir", plataforma que ha organizado "Veladas por la Vida" en toda España, y que ha derivado en una "Acampada Vida" en la Puerta del Sol de Madrid.

La oposición desde organizaciones públicos a la Ley de SSR la representan funaciones como Red Madre, financiada por la Comunidad de Madrid, y que vuelca sus esfuerzos en dar apoyo a las mujeres embarazadas, y sobre todo a adolescentes, para que no aborten.

La ley, que aún espera el dictamen del Tribunal Constitucional al recurso planteado por el PP, tiene por tanto que superar todavía la diferencia entre comunidades autónomas y conseguir que los derechos que contempla sean efectivamente iguales para todas las mujeres del territorio español.

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