PATRICIA ALONSO - MADRID La búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo parece estar un poco más cerca después de que el juez Garzón haya solicitado información sobre sus archivos a varios ayuntamientos, organismos e instituciones religiosas. Una vieja demanda de las asociaciones por la memoria histórica que, desde hace años, localizan y exhuman fosas comunes por su cuenta.

RTVE.es ha hablado con José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, para pulsar la opinión de una de ellas.

P- ¿Qué le parece la iniciativa de Garzón?

R -  Nos parece positiva. Pero no sabemos si Garzón será competente para ello, en primer lugar, y en segundo lugar, en qué derivaría una investigación de estas características, si se quedará en la búsqueda de los desaparecidos o si investigará los crímenes de lesa humanidad y condenará a los culpables. Si se cumple la legislación internacional, nos parecería que Garzón está haciendo lo correcto.

P - Han pasado 72 años del comienzo de la Guerra Civil y otros 32 de la muerte de Franco. ¿Llega a tiempo esta medida?

R - Llevamos reclamando varios años que se investiguen estos crímenes de lesa humanidad. Garzón, como juez de la Audiencia Nacional, debe hacer lo mismo que hizo en Argentina o Chile. En el auto de Pinochet, Garzón le acusa de crímenes contra la humanidad cometidos desde 1973. Por entonces, en España también se estaban cometiendo crímenes y aquí no se ha juzgado a nadie. De hecho, hay miembros de la Brigada Político-Social que incluso llegaron a colaborar con Pinochet. Y muchas de esas personas todavía viven. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.

P - ¿Cuál es su experiencia en la búsqueda de desaparecidos?

R - En nuestra web tenemos un apartado de desaparecidos. Ahí tenemos cerca de 7.000 familias que buscan a alguien, a ver si hay noticias de un tío o un abuelo.

P - ¿Cuántas exhumaciones llevan?

R - Llevamos 15 ó 16 exhumaciones desde finales de 2002. No realizamos muchas porque lo que queremos es denunciar que los órganos correspondientes del Estado no estaban haciendo su labor. Existe un derecho a la justicia para las víctimas y sus familiares y un deber del Estado para garantizar esa justicia. Esto lo tienen que hacer los jueces, la Administración de Justicia, igual que ha pasado ahora con lo de Barajas.

En la práctica, nos ponemos en contacto con los juzgados de primera instancia de los lugares donde hacemos las exhumaciones, pero la respuesta ha sido muy variopinta. Algunos han colaborado, pero la mayor parte se han lavado las manos porque decían que aquello habría prescrito.

P- ¿Qué papel le corresponde al Gobierno?

R - Hay tantas fosas comunes que el Ministerio de Justicia debería tener un juzgado y una fiscalía especiales sólo para eso. Los estudios sobre la represión son parciales, hay de la mitad de las provincias españolas. Todo lo que se hable a partir de esto es especular. Hasta que no se haga una investigación por parte de los jueces es imposible adivinarlo. Y luego al Estado le queda mucha labor: para empezar, unificar el archivo de la represión, porque hay muchos archivos que están en manos privadas.

P - ¿Qué le piden a Garzón?

R - Queremos que la Justicia haga lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora: que los arqueólogos y los forenses saquen a los muertos y que se investigue.