Un abogado sevillano, Joaquín Moequel, ha demandado a un comercio en el que adquirió cuatro CDs para reclamar la devolución de 88 céntimos que le cobraron en concepto de canon digital, argumentando que los profesionales no deben pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el registro de actos públicos, como los juicios, según ha informado RNE.

La ley obliga a los abogados a entregar en los juzgados este soporte informático para dejar constancia de los juicios civiles, por lo que, según alega el demandante, no tiene sentido aplicar el canon, que grava la copia ilegal de material sometido a derechos de autor.

El canon digital supone casi el 50% del precio de los discos compactos y Moequel asegura que, si el juez le da la razón, el proveedor exigirá esa cantidad al fabricante, al no poder repercutirla en el consumidor. "Nos cargamos la cadena hacia atrás", ha señalado.

EE.UU. critica la piratería en España

La demanda de este abogado coincide con la denuncia realizada por el director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, quien ha destacado que España encabeza, junto a Rusia, China, México, Canadá y Grecia los países con mayor índice de piratería digital del mundo, según un informe del Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de Estados Unidos.

Tourné ha subrayado que el comité estadounidense ha criticado la "falta de voluntad" de estos gobiernos para acabar con la descarga de contenidos con derechos de autor desde internet. En este sentido, ha estimado que en España se descargaron en 2007, de forma ilegal, unos 240 millones de películas a través de las redes de intercambio de archivos P2P.

Aunque ha reconocido que el top manta ha pasado a ser "algo anecdótico", con una menor presencia de manteros en las calles y pese al aumento de los mochileros, Tourné ha recalcado que el crecimiento de la piratería digital "es proporcional al aumento del número de usuarios de P2P", ha comentado.

Para afrontar esta situación, Estados Unidos "se ha ofrecido a dialogar con  el Gobierno español", según el máximo responsable de la FAP,  para adoptar medidas como las que están empleando en el propio Estados Unidos o en Francia, a saber, avisar a los internautas de que están infringiendo los derechos de propiedad intelectual y en caso de persistir, restringir su acceso a internet e incluso cortar la conexión.