Este lunes, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara ante el juez por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Entre los años 2020 y 2021, supuestamente defraudó a Hacienda 350.951 euros tejiendo una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. En las mañanas de RNE, Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), ha opinado sobre si puede producirse una nulidad del procedimiento por presunta revelación de datos personales. Ha explicado que todo depende de si en el juzgado se determina si hubo filtración. "La realidad es que a la vista de los datos que trascendieron públicamente, si la Agencia Tributaria puede demostrar esa falsedad de las facturas, pues no tendría mucho recorrido. Sería un caso que podemos denominar de libro, y por tanto, no parece que esta situación pudiera afectar al derecho de defensa", ha afirmado el presidente de GESTHA.
Sobre un pacto con la Fiscalía, Carlos Cruzado considera que "es posible llegar a un acuerdo", ya que una vez haya sido llamado a declarar como investigado dispone de dos meses para ello. De esta manera, tendría que reconocer el delito y afrontar las consecuencias económicas y penales correspondientes.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha reprobado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido al Gobierno que le cese de "inmediato" por sus "incumplimientos graves y reiterados" y por su “indignidad” y su “servilismo descarado” al Ejecutivo.
La votación ha salido adelante con 144 votos del Partido Popular, 97 votos en contra y 19 abstenciones.
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La comisión de investigación de las mascarillas busca la fórmula para evitar que los fiscales citados a declarar, desfilen por el Congreso y respondan preguntas. El PSOE, que aceptó incluirlos en la lista, rectifica después de la queja del Fiscal General del Estado y del rechazo del Gobierno. El PP les acusa de falta de credibilidad.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido por carta al presidente de la comisión de investigación del Congreso creada para investigar los contratos de emergencia durante la pandemia que se reconsidere la decisión de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque podría perturbar su trabajo.
