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Todo estaba preparado para trasladar los restos de Franco el próximo lunes desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de El Pardo. Sin embargo, todo se va a mantener como está tras la suspensión cautelar de la exhumación por parte del Tribunal Supremo de este martes, un paso más en una intrincada batalla legal entre los familiares de Franco y el Estado por decidir dónde deben descansar los restos de dictador fallecido hace 43 años.

Una hora ha durado la exposición del fiscal Javier Zaragoza, el primer miembro del ministerio público que ha presentado el informe final en el juicio del 'procés'. Zaragoza ha calificado de golpe de Estado el proceso independentista. Ahora es el fiscal Jaime Moreno quien intenta demostrar que en ese tiempo se usó la violencia como fin para conseguir la independencia.

"El Supremo ha tomado una decisión conforme a derecho y ha puesto en su sitio al Gobierno que no debe ser otro que el del respeto al control juidical de la actuación administrativa". Así ha valorado en declaraciones al Canal 24 horas el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco.

Utrera Molinaha manifestado su "pleno convencimiento" de que los argumentos de la familia serán "objeto de valoración" en la decisión final del Tribunal. "Aunque esto no prejuzga el fondo del asunto", lo que sí que dice es que "los argumentos que maneja la familia son argumentos a tener en cuenta", ha explicado el letrado, que ha recordado que "no solo se está teniendo en cuenta la exhumación sino la posterior inhumación" y ha insistido en que "el derecho de la familia a decidir dónde deben reposar los restos no ha de ser violentado".

El fiscal, Jaime Moreno, considera que ha quedado probado por las declaraciones del exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, que los líderes independentistas sabían que iba a haber enfrentamiento en la jornada del referéndum del 1-O y considera que así se infiere de la frase "lapidaria" de Trapero al final de la reunión que mantuvo con los responsables de la Generalitat, en la que, según ha decalrado, concluyó diciendo: "Espero que no haya ninguna desgracia".

Este lunes ha comenzado el jucio por la muerte hace ocho años de Samba Martine, una mujer congoleña de 33 años que pasó 38 días enferma por una infección pulmonar en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid. En el banquillo solo se sienta uno de los tres acusados de homicidio por imprudencia: un médico para el que piden hasta tres años de cárcel. Otro médico y una enfermera están huidos.