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Una hora ha durado la exposición del fiscal Javier Zaragoza, el primer miembro del ministerio público que ha presentado el informe final en el juicio del 'procés'. Zaragoza ha calificado de golpe de Estado el proceso independentista. Ahora es el fiscal Jaime Moreno quien intenta demostrar que en ese tiempo se usó la violencia como fin para conseguir la independencia.

"El Supremo ha tomado una decisión conforme a derecho y ha puesto en su sitio al Gobierno que no debe ser otro que el del respeto al control juidical de la actuación administrativa". Así ha valorado en declaraciones al Canal 24 horas el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco.

Utrera Molina ha manifestado su "pleno convencimiento" de que los argumentos de la familia serán "objeto de valoración" en la decisión final del Tribunal. "Aunque esto no prejuzga el fondo del asunto", lo que sí que dice es que "los argumentos que maneja la familia son argumentos a tener en cuenta", ha explicado el letrado, que ha recordado que "no solo se está teniendo en cuenta la exhumación sino la posterior inhumación" y ha insistido en que "el derecho de la familia a decidir dónde deben reposar los restos no ha de ser violentado".

El fiscal, Jaime Moreno, considera que ha quedado probado por las declaraciones del exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, que los líderes independentistas sabían que iba a haber enfrentamiento en la jornada del referéndum del 1-O y considera que así se infiere de la frase "lapidaria" de Trapero al final de la reunión que mantuvo con los responsables de la Generalitat, en la que, según ha decalrado, concluyó diciendo: "Espero que no haya ninguna desgracia".

El fiscal, Javier Zaragoza, ha calificado el 'procés' de "golpe de Estado" en su informe final de conclusiones del juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha situado entre marzo de 2015 y octubre de 2017 las actuaciones de los líderes independentistas catalanes acusados que impulsaron, según el Ministerio Público, ese "golpe de Estado". 

Este lunes ha comenzado el jucio por la muerte hace ocho años de Samba Martine, una mujer congoleña de 33 años que pasó 38 días enferma por una infección pulmonar en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid. En el banquillo solo se sienta uno de los tres acusados de homicidio por imprudencia: un médico para el que piden hasta tres años de cárcel. Otro médico y una enfermera están huidos.

El juez del caso Lezo Manuel García Castellón ha archivado, a instancias de la Fiscalía, la investigación que abrió al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

  • Los letrados del Senado concluyen en un informe que "resulta indudable" la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
  • La Mesa del Congreso ya suspendió a los cuatro políticos independentistas que están en prisión preventiva por el procés

La comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares ha abierto una investigación sobre el caso de la mujer que se suicidó el sábado tras difundirse entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual, según ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La investigación se ha abierto de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.

Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May como primer ministro británico, tendrá que comparecer ante un tribunal acusado de mentir durante la campaña para el referéndum del Brexit. Entonces era alcalde de Londres, y por tanto, cargo público. 

Boris Johnson ha sido citado en un juzgado por decir que pertencer a la Unión Europea le costaba cada semana al Reino Unido la cantidad de 396 millones de euros, cuando en realidad son 215.

La acusación parte de un empresario, de 29 años, que ha recaudado fondos para llevar adelante la causa.