El otro 50% del recibo lo fija el Gobierno. Son los peajes eléctricos: el transporte, la distribución, las primas a renovables y otros gastos fijos. En 2013 el precio de la luz ha variado cinco veces: cuatro al alza y una, en abril, con un descenso superior al 6%. En total la electricidad acumula subidas en torno al 4%.
Los 3.600 millones de déficit eléctrico de este año podrían titulizarse. Es decir, las compañías eléctricas, que ahora lo tienen anotado en sus balances, podrían colocar ese dinero en los mercados con un aval del Estado. El ministro de Industria ha dicho que "eso siempre estará condicionado a que los precios de la electricidad no suban ese 12% que continuamente están reclamando las eléctricas". Desde la patronal niegan haber planteado esa subida y confían en alcanzar un acuerdo con el Gobierno para no tener que asumir ese déficit.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que las compañías eléctricas "no deberían estar preocupadas" por la supresión de los 3.100 millones de euros que iba a aportar el Estado para reducir el déficit del sistema eléctrico, ya que "esa diferencia de ingresos y gastos y costes del sistema puede llevar el aval del Estado". Soria ha justificado la decisión del Gobierno aludiendo a que "en España, en materia de política económica, hay una prioridad sobre todas las demás, que es la contención del déficit público". Esa prioridad, ha remarcado, "está por encima de cualquier otra consideración" y por "una razón muy sencilla: Porque, si no cumplimos el objetivo de déficit público, las implicaciones, para la economía en general y particularmente para el riesgo-país, son consecuencias que repercuten en todos los ámbitos de la economía".
El PP, en sus enmiendas, propone retirar las aportaciones del Estado previstas para evitar este año el déficit de tarifa eléctrica. El Gobierno reconoce que busca otras vías de financiación que no impacten en el déficit público.
El Grupo popular en el Senado ha presentado una enmienda a la nueva Ley del Sector Eléctrico por la que se elimina una aportación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De Guindos defiende que buscan solventar el problema sin que tenga incidencia en el déficit del país.
El ministro de Industria ha vuelto a defender la reforma del sistema eléctrico. José Manuel Soria ha dicho que las medidas adoptadas por el Gobierno evitarán que este año haya déficit tarifario.
De los más de 477.000 hogares que se apuntaron a la iniciativa "Quiero pagar menos luz", la compra colectiva promovida por la OCU, casi 300.000 podrán ahorrar en su factura. Pagarán una media de 49 euros menos al año. La subasta para el suministro de electricidad se celebró el dia 17. La mejor oferta la presentó Holaluz.com. Funciona desde 2011 y es la primera comercializadora online de España. Ninguna de las grandes compañías se presentó a la puja. A partir del 4 de noviembre, los consumidores que se inscribieron sabrán cuánto podrán ahorrase exactamente si cambian su actual compañía por Holaluz. De momento, la OCU calcula que para los hogares que tienen tarifa de útlimo recurso, que son un 53% de los que se apuntaron, la luz será 25 euros más barata. Más beneficiados saldrán los usuarios que están en el mercado libre. Algunos de ellos podrían llegar a pagar hasta un 12% menos que ahora, unos 120 euros menos. La subasta que sí ha quedado desierta es la que pretendía conseguir una oferta para la tarifa conjunta de gas y electricidad. Se quedan sin oferta las casi 200.000 personas que buscaban un mejor precio en el suministro dual.
La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno pretende equilibrar los ingresos y gastos del sistema para que el desajuste acumulado en los ultimos años, unos 26.000 millones, no se reproduzca en el futuro. Según el proyecto, el déficit de este año lo asumirán el Estado, los consumidores y la mayor parte, las compañías eléctricas y las de renovables.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico que busca acabar con el llamado déficit de tarifa -cuyo coste reparte entre Estado, empresas y consumidores- y que incluye el peaje al autoconsumo, contra el que se han pronunciado Competencia y la Comisión Nacional de la Energía.
