Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

En Portugal, donde las nuevas medidas de austeridad del Gobierno no han gustado. Este viernes Passos Coelho explicó que para ahorrar 4.800 millones euros despedirá a 30.000 funcionarios, y aumentará la edad de jubilación, entre otras medidas.

El secretario general de UGT ha señalado que las reformas presentadas por el Gobierno no son las que necesita la economía españaola. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado las inciciativas para que vuelva el crédito a las empresas.

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que tras el mal dato de la EPA el Gobierno tiene que seguir trabajando "para corregir los desequilibrios e impulsar reformas para la competitividad y para el crecimiento".

El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027. Así lo señala el documento sobre dicho parámetro que este martes entregó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo, texto al que ha tenido acceso TVE.

Los sindicatos han exigido de nuevo un cambio radical de política económica. En la presentación de los actos del primero de mayo, UGT y CCOO han pedido un pacto global por el empleo, el abandono de la política de austeridad y recortes que, aseguran, apenas ha reducido el déficit y ha aumentado en casi millón y medio el número de parados. El líder de Comisiones Obreras ha dicho que la Ministra Báñez le ha asegurado que el viernes el Gobierno no recortará ni en pensiones ni en prestaciones por desempleo.

Mariano Rajoy ha dicho que mantendrá la política económica que, en su opinión, está dando buenos resultados. El lider del partido socialista le ha pedido que dé a los ciudadanos el respiro que le ha dado Bruselas a España en la reducción del déficit. Ha sido una sesión de control centrada en la economía y en las medidas que el Gobierno aprobará el viernes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto la puerta esta tarde a aprobar nuevos recortes en determinadas partidas presupuestarias y ha señalado que no quiere subir impuestos, como el IVA o el IRPF. "Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes, incómodas, que sabemos que no son gratas de tomar. (...) Pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Y si siendo necesario e imprescindible no tomamos algunas decisiones por duras que puedan parecer, estaríamos destruyendo el futuro. Nosotros no haremos ahora recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos, como el IVA o el IRPF este año... Pero en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y de la senda de déficit público para los próximos años. Pero este viernes, insisto, presentaremos nuestro nuevo cuadro macroeconómico", ha afirmado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Eslovaquia.

En Portugal el Gobierno ha anunciado nuevos recortes por valor de 800 millones de euros en los servicios públicos. Pretende así cumplir las metas de déficit acordadas con la Troika, y pagar la extra a funcionarios y pensionistas como le obliga la sentencia del Constitucional.

El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, cree que el Gobierno devolverá la extra de Navidad o al menos una parte. El portavoz del sector público se muestra esperanzado por las sentencias similares que se han producido en Portugal y en Eslovenia y espera que el Tribunal Constitucional también de la razón a los empleados públicos. Considera que la irretroactividad está ganada, con lo que la parte de la extra devengada antes del decreto no debería verse afectada. Borra denuncia que de manera encubierta se está despidiendo a empleados públicos porque se reduce el número de interinos sobre todo en Educación y Sanidad. También piden un catálogo de asesores para saber quién trabaja de forma externa para la administración y una carta de servicios públicos que no pueda ser privatizados.