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En México, tres detenidos por su implicación en la masacre de Iguala confiesan que mataron y quemaron a más de 40 personas. La Fiscalía apunta a que serían los estudiantes desaparecidos. El presidente ha prometido justicia, pero estas revelaciones no convencen a los familiares de las víctimas.

SAGRARIO G. MASCARAQUE (Corresponsal de TVE en México). La Policía mexicana interroga al exalcalde de Iguala, José Luís Abarca, y de su mujer, María de los Ángeles Pineda, a los que se acusa de la desaparición de 43 estudiantes. La Fiscalía ha mostrado sus fotografías policiales tras ser arrestados en el Distrito Federal. Una tercera persona, una mujer que les ayudó a esconderse, también ha sido detenida. 

Es el Día de los Difuntos o muertos, y en México, es una celebración festiva, como un juego de burla con la muerte. En la capital han batido el récord de número de Catrinas,  mujeres espectrales que representan, según una tradición de origen azteca, la visita de los muertos al país de los vivos. Este año la fiesta está marcada por la desaparición de los estudiantes, en el suroeste del país.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado varios acuerdos con los padres de 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes en Iguala, entre ellos "fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda", tras una reunión que ha terminado tras casi seis horas con la insatisfacción de los padres con la respuesta del Gobierno a sus demandas en una jornada marcada por la actuación violenta de decenas de profesores organizados contra la casa del nuevo gobernador del Estado de Guerrero.

Expertos de la fiscalía mexicana buscan en una zona cercana al municipio mexicano de Cocula los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, según ha constatado un grupo de periodistas citados por la agencia Efe a pocas horas de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reúna por primera vez con los familiares de los jóvenes desaparecidos a manos de policías y criminales, según ha informado a la agencia fuentes de la Presidencia.

Los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en un vertedero profundo de basura situado a unos 10 kilómetros de Cocula en una zona de difícil acceso y a media hora de Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Se trata de una área de unos 40 metros cuadrados, la mitad de ellos con señales de haber sido quemada, y donde se pueden ver bolsas de basura, cajas de madera y restos de ropa y otros desechos.

Se cumple un mes de la desaparición de 43 alumnos de la escuela de profesorado de Iguala en el estado mexicano de Guerrero.  Siguen huídos el alcalde y su esposa, relacionados con los cárteles de la droga y  a los que el fiscal acusa de dar la orden de atacar a los estudiantes. 

En México no está ocurriendo como otras veces en las que las más brutales acciones del crimen organizado apenas ocupaban las portadas informativas durante unos días. Lo que ha ocurrido en Iguala, en el estado de Guerrero, con los 43 estudiantes desaparecidos desde hace casi un mes ha provocado la indignación de los ciudadanos, que exigen primero explicaciones sobre su paradero, y después responsabilidad por lo que parece, según el relato de algunos testigos, una despiadada matanza decidida desde las esferas del poder local. El alcalde, su esposa y el jefe de la policía, de hecho, están en busca y captura. Las protestas exigiendo justicia han desbordado ya los límites del estado de Guerrero y reunió este miércoles en la capital a miles de manifestantes que exigen explicaciones directamente a Peña Nieto. Salvador Martí i Puig, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona y especialista en América Latina del Cidob, analiza la situación.

l alcalde de la ciudad mexicana de Iguala y su esposa y el secretario de Seguridad han sido acusados por la fiscalía de inducir la represión de estudiantes el 26 de septiembre que causó seis muertos y 43 desaparecidos, un caso por el que miles de ciudadanos se manifestaron este martes en varias ciudades. 

El fiscal general  de México, Jesús Murillo, ha explicado en una conferencia de prensa que los considera autores intelectuales de lo sucedido.