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El abogado de Artur Mas en el juicio por desobediencia el 9N ha alegado que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Tribunal Constitucional (TC), que cree que no obligaba a impedir la consulta. Durante la exposición de su informe exculpatorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Una urna vacía en el escaño de Irene Rigau, exconsejera juzgada por el 9N, hacía presagiar que el juicio entraría en el hemiciclo. Puigdemont ha hablado de judicialización de la política, mientras que la oposición ha criticado a Mas por escudarse en la falta de concreción del Tribunal Constitucional y ven en Puigdemont un interés electoralista.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al Gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) porque el Alto Tribunal no aclaró el alcance de su prohibición ni el Gobierno quiso ser "más preciso" cuando impugnó la consulta.

Los testigos se contradicen sobre las supuestas presiones de la Generalitat para abrir los colegios y colocar las urnas con las que realizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La entonces directora de los servicios territoriales de Educación en Barcelona ha negado las presiones, y una directora así lo ha confirmado. En cambio, la directora del único instituto que no cedió las llaves y no abrió el 9N sí se sintió presionada.