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Hoy tiene lugar la primera reunión del nuevo curso político entre gobierno y agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos apuestan por subir ya el SMI. No los empresarios, que dicen que no es el momento, que sería contraproducente para quienes aun están intentando recuperarse del golpe de la pandemia. Los sindicatos consideran en cambio que dada la evolución de precios como los energéticos no se puede retrasar más. Proponen que se amplié hasta los 975 euros este año para poder superar los 1.000 en 2023. “Si no se hace ahora, habrá problemas en 2023”, ha dicho en RNE Marino Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Advierten que, si no hay subida, los sindicatos se levantarán de la mesa y que valorarán hacerlo también si esa es “cosmética”. Concluye que hay que dar pasos adelante subiendo el SMI hasta esa cantidad de 975: “Es sensato, coherente y lógico”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclama al Gobierno la prometida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o amenaza con romper el diálogo social. A su juicio, hay que avanzar en la recuperación del poder adquisitivo y cumplir los compromisos, no se puede dar por garantizada la concertación social.

La líder de Podemos y Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, rechaza entrar en el debate terminológico sobre Cuba. “La postura del Gobierno es clarísima. Hay que levantar el bloqueo y el embargo que tienen como consecuencia una situación humanitaria excepcional y que provoca unas condiciones de vida absolutamente insostenibles”. A la pregunta de si Cuba es o no una dictadura habla de “debate vago” e insiste en que es un tema que no se debe utilizar en la política nacional. Sobre los cambios en el Gobierno se muestra cauta: “Falta un poco de tiempo para saber si son en positivo. Espero y deseo que sea así y que se acelere el acuerdo de gobierno para la ley de vivienda o el SMI”. Recuerda que la subida del SMI está en el acuerdo de Gobierno: “Subir el SMI beneficia a los más precarios y creemos que hay que subirlo como han dicho los expertos”. Por último ha detallado algunos de los puntos de la ley de Diversidad Familiar que su departamento presenta hoy y que reconocerá como familia numerosa a las formadas por un solo progenitor y dos o más niños: “Que todos puedan elegir en libertad qué familia quieren formar y cómo es la prioridad absoluta”. Entre las medidas se propondrá que las madres que crían solas puedan disfrutar de los dos permisos, que se amplíe hasta los seis meses la baja de maternidad y que haya una prestación por crianza que garantice el bienestar de los menores: “Queremos que sea una prestación sostenida en el tiempo y vamos a llevar a cabo una negociación para llegar a un acuerdo”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dice que con el avance de la vacunación hay que ir cambiando el paso del diálogo social, centrado en el último año en hacer frente a la pandemia, y recuperar “una agenda social para la recuperación económica”. CCOO y UGT han convocado hoy movilizaciones para exigir la subida del SMI. “Debemos mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. En 2021 en España van a subir los precios un 2.5 y el PIB casi un 6. No es de recibo que se congele el salario de quienes menos ganan”. El SMI es el primer capítulo y la reforma laboral será el segundo. En este aspecto, Sordo ve difícil el acuerdo con la patronal: “En los últimos meses la CEOE ha tenido una regresión. Entiendo que no comparta, pero debe plantear propuestas alternativas, no presentar una especie de enmienda. No daremos a nadie derecho de veto”, ha concluido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, defiende la necesidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Asegura que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo va a pensar: “La misma valentía que tuvimos con los indultos debemos tenerla con quien lo pasa mal. En el 2023 nos juzgarán por la gente que está sufriendo. Están perdiendo poder adquisitivo”. Añade que el debate en torno a este asunto no se debe vincular al crecimiento del empleo. “Se ha demostrado justo lo contrario. Tenemos una política de rentas inadecuadas”. Sobre los datos de paro, anuncia que siguen dando signo de recuperación pero que son preocupantes en términos estructurales. Sobre los ERTE, está convencida de que a finales de septiembre volverá a ser necesario renovar el acuerdo y ante las críticas que ha recibido de la patronal por su propuesta de reforma laboral dice que está en línea con lo que han defendido personalidades como el papa Francisco o el presidente Biden. Ante el debate abierto en torno a las pensiones tras las declaraciones del ministro Escrivá sobre los ‘baby boomers’ dice que es él quien debe dar explicaciones y añade que el problema de nuestro sistema no es de gasto, sino de ingresos. Confía en que la negociación de los Presupuestos sea fructífera y mira también con esperanza el resultado de la Mesa de Diálogo con Cataluña: “Lo fundamental es generar canales de confianza. No puede haber diálogo si no hay confianza. Debemos reconocernos como interlocutores válidos. Llevamos muchos años fracturados y necesitamos a Cataluña dentro”. En esa Mesa dice que hay que hablar de política y no de nombres propios, en referencia a Carles Puigdemont. La entrevista en RNE ha concluido con una defensa al silencio que ha decidido guardar tras su marcha Pablo Iglesias y con la confirmación de que, en lo inmediato, no tiene previsto decidir si será o no la candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno.

El líder de CCOO, Unai Sordo, califica de muy relevante el acuerdo que se ha alcanzado hoy sobre las pensiones. “Termina con los factores que la reforma de 2013 introdujo para reducir las pensiones, vuelven a revalorizarse con el IPC e incluye un paquete de medidas muy relevantes para mejorar los ingresos de la Seguridad Social”. Según Sordo, el texto lanza certidumbre sobre las pensiones del futuro: “El acuerdo introduce nuevas formulas de financiación. Algunas ya están y otras están por negociar. Se modificará el régimen de cotización de los autónomos y en el futuro habrá que abordar otras fórmulas. Se quitan costes que no le correspondían a la seguridad social y se da una imagen más fidedigna. De aquí al año 2048 puede haber pensiones para todo”. Añade que queda negociación por delante para esa nueva financiación pero que se han sentado unas bases básicas.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, dice que este último acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales ha sido el más complicado de los 15 meses de negociación. Dice que, en todo caso, se han conseguido mantener las condiciones necesarias a un 95%, especialmente en lo que se refiere a las prestaciones por cese de actividad que interesaba tanto a los autónomos. Espera que la actividad económica se vaya recuperando y haya otras condiciones para negociar cuando expire este texto, a final de septiembre. “Esperamos tener una vuelta importante a la actividad, pero ya hemos visto que esto es una lotería. El año pasado aventuramos un verano de vuelta a la normalidad y nos encontramos a un mes de agosto y septiembre lleno de rebrotes”, ha dicho en RNE. Amor confía en alcanzar también un pacto en el corto plazo con el Gobierno en materia depensiones. “Las negociaciones están muy avanzadas, pero todavía hay escollos. Eso sí, puede haber un importante acuerdo sobre el primer tramo en los próximos días”.

Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y vicepresidente de la CEOE reconoce en RNE que las negociaciones sobre la prórroga de los ERTE están encalladas, pero que tanto empresarios como sindicatos quieren llegar a un acuerdo. Eso sí, dicen que ahora mismo es imposible con las condiciones que pone el Gobierno. “Es un sistema que ha funcionado, para la empresa y para el trabajador. Ahora mismo, con lo mal que lo están pasado las PYMES, no es el momento de retirar los pocos estímulos que tenemos. No estamos recuperados, hemos reabierto pero nos queda mucho para llegar a los niveles de 2019”, ha dicho en RNE. Cuerva también cree que es un error que la negociación se planteé cada tres meses: “Eso provoca muchos problemas. Eso no da seguridad para hacer programaciones en nuestras empresas”. Cuerva también confía en retomar la negociación en lo que se refiere a pensiones y pone en valor que el sistema de dialogo social de España es un modelo en toda Europa: “Esperemos que el Gobierno intente llegar a acuerdo y atienda las demandas del mundo empresarial”.

El secretario general de laUGT, Pepe Álvarez, que esta semana será reelegido en el congreso que el sindicato celebra en Valencia, asegura que esperan un gesto del Gobierno para avanzar en reformas y derogaciones, especialmente en lo relativo a la reforma laboral. “Los trabajadores de este país durante la pandemia lo hemos dado todo. Ahora se trata de que el país lo tenga en cuenta y pague una deuda. Eso pasa por ir a un proceso de derogación y entrar en temas endémicos”, ha dicho en RNE. Sobre las pensiones, está convencido de el acuerdo “llegará para dar tranquilidad a los futuros pensionistas”. Descarta que el reparto de losfondos europeos vaya a ser un elemento de presión en la negociación: “No vamos a firmar nada que no se corresponda con aquello que necesitamos”. Y sobre la otra gran pata de la negociación, los ERTE, dice: “UGT quiere prorrogar el decreto actual porque ha funcionado y apuesta por avanzar en las penalizaciones a las empresas que están usando ese acuerdo de forma fraudulenta”. Álvarez también apuesta porque esta crisis sirva como oportunidad para avanzar en la implantación de la semana laboral de 32 horas y se compromete a encontrar una solución, cuanto antes, para losinterinos de la administración pública.

Hace 10 años, miles de jóvenes acudían a las concentraciones convocadas por Democracia Real Ya en la Puerta del Sol y daba sus primeros pasos el movimiento del 15M que ayudó a cambiar el sistema de partidos políticos e introdujo en la agenda algunos asuntos de los que antes no se hablaba en este país. En Las mañanas de RNE hablamos con dos exportavoces de esta plataforma, Carlos Paredes, presidente de la Asociación Ecopolítica, y Pablo Gallego, profesor del Instituto Superior para el Desarollo de Internet.

Según el primero, un movimiento parecido ahora "no sería posible por el momento de crispacion que vivimos. Sería muy difícil que se diera un movimiento de protesta como ese de manera pacífica, y si no es pacífico, no es 15M". Ambos coinciden en que hay cosas que aún quedan de aquellas protestas, como el sistema de primarias de los partidos o la llamada Ley Mordaza, que afirma Paredes que se creó porque "fuimos tan legales que tuvieron que inventarse una Ley Mordaza para contenernos". Pero que quedan problemas sin resolver como la participación ciudadana en la política. "La gente está cansada", señala Gallego, mientras Paredes critica que "la democracia representativa cada vez parece que representa menos". Muchos movimientos internacionales, en cambio, bebieron de este acontecimiento, destaca Carlos Paredes, que llevaron por ejemplo a políticas más progresistas en EEUU por Movimiento Occupy Wall Street.

Los jóvenes fueron una parte importante de este movimiento social. Protestaban contra problemas que aún perduran como la precariedad laboral o el elevado paro juvenil. Lo critica Martina Di Paula, activista de Fridays For Future y Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Durante la pandemia además, señalan los cuatro invitados, la juventud ha sido objeto de críticas. Según Di Paula, el 15M ha dejado un poso en los jóvenes porque ha invitado a "recuperar la esperanza en las manifestaciones y la fuerza de la unión", a pesar de que el formato ha cambiado ahora con las Redes Sociales. Muchos movimientos actuales beben de la misma esencia, afirma, como es el caso de Juventud por el Clima, al que pertenece.

Después de su entrada en vigor el 13 de octubre, la nueva ley ha ido aterrizando en algunos de los principales convenios colectivos que se han negociado desde entonces.

A efectos de esta ley, teletrabajo es hacerlo durante un mínimo del 30% de la jornada. Es voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo individual entre la empresa y cada trabajador. La ley pretende compensar al empleado por los gastos de trabajar en su casa, además de dotar de medios, equipos y herramientas. El acuerdo individual debe enumerar los gastos adicionales en los que se incurre (luz, conexión telefónica y de datos, espacio físico…) y cuantificarlos, para determinar la compensación que obligatoriamente deberá abonar la empresa. La negociación colectiva está yendo muy lenta como consecuencia de la pandemia.

En el 2020, el primer convenio colectivo en incorporar la nueva ley de teletrabajo fue el de las cajas de ahorros. ¿Qué establece? ¿Qué más convenios han ido incorporando la ley de teletrabajo y en qué términos?

Lo cuenta Rosa Sánchez, en esta sección del 24 horas de RNE.

Repartidores de comida a domicilio de toda España están llamados a manifestarse por la Asociación Profesional de Riders Autónomos contra el último borrador de la ley con la que el Gobierno propone regular su situación. Mientras la posición del Ministerio es clara y pretende seguir la línea marcada por el Supremo que, en septiembre del año pasado, declaró que los llamados 'riders' son falsos autónomos, Jordi Mateo, presidente de la Asociación, ha expresado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso su desacuerdo con la última propuesta de Trabajo, que establece que existe relación laboral, cuando la plataforma controla y coordina el trabajo de los repartidores a través de su aplicación o página web y que pretende llegar a un acuerdo, a través del diálogo social, que incluso propone que los delegados sindicales tengan acceso a los algoritmos que utilizan estas aplicaciones para designar los envíos. Mateo ha explicado que los riders que representa quieren tarifas mínimas, mayores protecciones y seguros y negociación colectiva pero dentro del régimen de autonómos para no perder flexibilidad.

Tras nueve horas, ha terminado la reunión de Gobierno y agentes sociales en la que han acercado posturas para prorrogar los ERTE, cuyo plazo finaliza el  miércoles. Falta el visto bueno de las ejecutivas de sindicatos y patronal, aunque el Gobierno está dispuestos a llevarlo igualmente al Consejo de Ministros.