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En la comisión del parlamento andaluz que investiga la adjudicación irregular de los ERE hoy han comparecido dos ex ministros del Gobierno de Aznar: Javier Arenas y Eduardo Zaplana. Arenas ha sugerido que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor Manuel Chaves, conocían las irregularidades cometidas. Hoy además la comisión ha decidido retrasar definitivamente las comparecencias de Chaves y Griñán.

Los exministros de Trabajo, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, han defendido este jueves la legalidad de su gestión ante la comisión parlamentaria sobre los presuntos ERE irregualres gestionados por la Junta de Andalucía. Arenas ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y su antecesor, Manuel Chaves "son quienes pueden dar respuesta" a las preguntas sobre la investigación.

El exministro de Trabajo, Javier Arenas, ha asegurado que "hay un antes y un después" en los trabajos de la comisión parlamentaria sobre el caso de los ERE, tras la comparecencia del exinterventor de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, que aseguró que Hacienda e Innovación debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General les remitió los informes en los que este órgano detectó "graves" irregularidades en el procedimiento de gestión de las ayudas.

Arenas, que comparece como exministro de Administraciones Públicas en 2002 y 2003, ha considerado ante la comisión parlamentaria que "lo más grave es que esta práctica ni se detiene ni se revisa ante los informes de Hacienda", a lo que ha añadido que "esos informes llegaron a las más altas instancias" de la Junta de Andalucía.

El exministro de Trabajo, Javier Arenas, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria sobre los ERE, como exministro de Administraciones Públicas en 2002 y 2003, ha asegurado que ni ha tenido "competencia alguna ni responsabilidad en los asuntos que ocupan a esta comisión".

Además, ha explicado que espera que su interveción "sirva para que se conozca la verdad, se recupere la mayor parte de los fondos que se han dilapidado, se demanden responsabilidades y jamás se vuelva a repetir un asunto como éste", y en este sentido ha añadido que se hagan todas las modificaciones legales necesarias que lo permitan.

El presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este miércoles ante la comisión de investigación sobre el caso de los ERE fraudulentos que no hubo "intrusos" en los cinco ERE de la Junta en empresas de la Faja Pirítica de Huelva en los que el Gobierno de España aportó ayudas extraordinarias, en la etapa en la que fue delegado del Gobierno.

Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha dicho que nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad ya que su labor fue la de coordinador de Consejerías durante su comparecencia en la comisión que investiga sobre los ERE fraudulentos. Antes compareció la consejera de Hacienda quien ha eludido cualquier responsabilidad. Dice que era la Consejería de Empleo y no la de su competencia, la que tenía que actuar ante los informes de la Intervención que advertían sobre irregularidades en las ayudas concedidas. El PSOE ha pedido nuevas comparecencias en esta segunda ronda y por tanto que se retrasen las de Chaves y Griñán, previstas para este viernes, hasta que acabe la segunda ronda de intervenciones -aún si fecha- . Al PP le parece inaceptable que se produzca esta fuga -ha dicho- ante la evidente responsabilidad política de ambos en el reparto de las ayudas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles ante la comisión del Parlamento andaluz por el caso de los presuntos ERE irregulares gestionados entre 2011 y 2010, que era la Consejería de Empleo y no la de Economía y Hacienda, --de la que ella fue viceconsejera entre 2004 y 2009--, la que tenía que actuar ante los informes emitidos por la Intervención General de la Junta, en relación a posibles irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Martínez Aguayo ha reconocido sin embargo que la gestión de las ayudas fue "controvertida". La consejera ha abierto pasadas las 9:00 horas, esta séptima jornada de comparecencias y le seguirá el diputado socialista y actual Secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, que fue consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009 y vicepresidente de la Junta de Andalucía en 2008 y 2009.

Juan Ignacio Zoido, actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, que fue delegado del gobierno en Andalucía entre 2002 y 2004, cerrará las comparecencias de este miércoles para explicar las ayudas en el ERE iniciado en 2002 para los mineros de la faja pirítica de Huelva.

La comisión del Parlamento andaluz que investiga el caso de los presuntos ERE irregulares gestionados por parte del gobierno andaluz entre 2001 y 2010 acoge este miércoles la comparecencia del actual presidente del PP-A y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Zoido, que comparece en su calidad de exdelegado del gobierno en Andalucía para que explique las ayudas para el ERE iniciado en 2002 para los mineros de la faja pirítica de Huelva, cerrará la jornada de comparecientes que abrirá la actual consejera andaluza de Hacienda y Administración Publica, Carmen Martínez Aguayo, que precederá al diputado socialista y exconsejero andaluz de la Presidencia Gaspar Zarrías.

En Andalucía hoy ha comparecido en la comisión que investiga la adjudicación irregular de los ERE, el actual consejero de Economía. Antonio Ávila ha dicho que no falló el procedimiento sino que fueron las personas las que no lo respetaron.

El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ha cifrado en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE detectados hasta ahora por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, y ha pedido que no se ofrezca una "falsa imagen" de corrupción generalizada. Ávila ha precisado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sólo el 3,7 por ciento de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010, y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo.