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Dos representantes de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica han declarado este jueves en el Tribunal Supremo que decidieron acudir a la Audiencia Nacional porque consideraron que era la única vía por la que podrían obtener "justicia y reparación" y conseguir que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo pudieran "cerrar heridas".

En el juicio que se sigue contra el juez Garzón por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo hoy las víctimas han sido las protagonistas. Testimonios emotivos de familiares de fusilados durante y después de la guerra civil. Fueron ellos los que acudieron a la Audiencia Nacional reclamando justicia.

"Cuando se llevaron a mi padre se nos llevaron el pan y la sal". Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo han oído este miércoles el testimonio de Pino Sosa Sosa, una mujer de Gran Canarias de 75 años cuyo padre fue asesinado en la Guerra Civil. Esta mujer, uno de los tres testigos citados para este miércoles (en total declararán 22 en el juicio), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional a pesar de tener interpuestas otras denuncias en juzgados canarios "por Justicia". "Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñita. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", ha relatado ante el tribunal.

En el Tribunal Supremo continúa el juicio a Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En esta segunda sesión el magistrado ha dicho que no se saltó la Ley.

Miles de personas han salido a la calle para protestar contra las causas judiciales que el magistrado Baltasar Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Entre los asistentes, los secretarios generales de UGT y CC.OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, además del coordinador federal de IU, Cayo Lara. Todos defienden el legítimo derecho del juez Garzón para investigar la represión franquista.

El magistrado del Supremo ha dado por concluida la investigación al juez Garzón por los patrocinios de unos cursos que dirigió en Nueva York. El juez ve indicios de un delito de cohecho impropio, y lo ha trasladado a la partes para que se pronuncien antes de decidir si fija juicio oral.

El Tribunal Supremo aprecia indicios de delito de cohecho impropio en la actuación del juez Baltasar Garzón por el cobro de patrocinios de sus cursos en Nueva York en 2005 y 2006, según un auto notificado este viernes por el instructor de la causa, el magistrado Manuel Marchena. Garzón podría enfrentarse a una pena de multa de tres a seis meses, ya que por la fecha en la que supuestamente fueron cometidos los hechos no es de aplicación la última reforma del Código Penal, de junio de 2010, que castiga el cohecho impropio con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.