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En Cataluña, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Les acusa de desobediencia grave y prevaricación por seguir adelante con la consulta del 9N, a pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional.

Artur Mas ha dicho que considera un "honor" ser procesado por la consulta. La vicepresidenta del Gobierno en funciones respeta la decisión de la Fiscalía y ha afirmado que "nadie está por encima de la Ley".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalñua asegura que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeras eran plenamente conocedoras de la prohibición del Tribunal Constitucional respecto a la celebración de la consulta soberanista del 9N de 2014. Y que hubo una "consciente resistencia" a acatarla. Avala la instrucción del juez que apunta a delitos de desobediencia y prevaricación.