Los riesgos de informar de la pandemia de COVID-19 en China

Es el último vídeo que Chang Chan colgó en Youtube el pasado mes de mayo, dos días antes de que la detuviesen. En él cuestionaba la legalidad de los rastreadores de Inteligencia artificial obligatorios. Chang es lo que en China se define como una reportera ciudadana, es decir alguien que no se dedica profesionalmente al periodismo, pero que informa de determinados hechos. Y así lo hizo en Wuhan en febrero cuando allí se vivían los efectos más duros de la Covid, y China censuraba las imágenes de hospitales colapsados, o estaba prohibido grabar sitios como el Instituto de Virología donde experimentan con coronavirus. Pero sus videos son para el Gobierno chino una forma de buscar pelea y crear problemas, unos cargos que suelen imputar a los disidentes. Y delitos que se traducen en un castigo de cinco años de cárcel, es lo que que ha pedido el fiscal para ella, en la vista que se se ha celebrado ahora después de que haya estado seis meses en prisión preventiva en Shanghai. Su abogado denuncia en este escrito que le han limitado las visitas a su defendida, a la que la que se le acusa también de difundir información falsa. Además de Chang Chan, otros tres periodistas ciudadanos que reportaban los momentos más dramaticos de Wuhan fueron detenidos. Uno de ellos es el ex-empresario, Fang Bin, que fue arrestado en enero y a día de hoy no se le ha vuelto ver, ni se sabe de su paradero.