Sinopsis
La UDEF sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero iba mucho más allá de su oficina de Ferraz. Los investigadores sitúan ahora su domicilio particular como un espacio idóneo para la planificación estratégica de las operaciones más sensibles. Dicen que era un lugar más reservado y con más control de la información. La Policía habla de un liderazgo no visible y sitúa a Zapatero como figura principal de la trama que habría operado alrededor del rescate público a Plus Ultra.
La estructura se articulaba a través de una 'finance boutique' destinada presuntamente a canalizar pagos ilícitos a cambio de influencias políticas. Los informes recogen mensajes como este donde uno de los directivos de Plus Ultra asegura que no hay garantía de la concesión de la ayuda, pero añade que pagarían el doble cuando caiga el dinero.
Y tras presentar documentación ante la SEPI, Roberto Roselli, dueño de Plus Ultra, escribe: "Pues ahora es meterle chola al Zapa". La investigación también sostiene que los directivos de la aerolínea eran conscientes de la influencia de Zapatero, especialmente en Venezuela. En una conversación intervenida llegan a afirmar: "Zapatero aquí manda".
La UDEF asegura que el expresidente habría dado instrucciones para crear sociedades en el extranjero y remitir clientes a empresas vinculadas a la red. En el centro de la investigación: sus hijas, a las que acusan de emitir facturas para justificar presuntamente pagos relacionados con tráfico de influencias. Su empresa dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles.
Durante el registro en el despacho del expresidente, la UDEF intervino abundante documentación y una caja fuerte. En ella, había joyas que recoge ahora el acta policial. La secretaria de Zapatero aseguró a los agentes que muchas de esas piezas procedían de herencias y regalos de viajes.
El entorno de Zapatero dice que el expresidente se prepara para desmentir todas estas conexiones y que no cuestiona la labor del juez, pero sí los informes policiales.
