Sinopsis
Las universidades privadas que actualmente operan en España y no cumplen con los nuevos y endurecidos requisitos de calidad aprobados por el Consejo de Ministros deberán adaptarse a la normativa. Así lo ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el programa La Hora de La 1 de TVE, al ser preguntada sobre el alcance del nuevo real decreto.
"Van a tener que adaptarse", ha zanjado la ministra. Las nuevas normas, destinadas a garantizar la calidad y endurecer los criterios para la creación y mantenimiento de instituciones universitarias, son de "cumplimiento obligatorio para todas las universidades públicas y privadas que existen hasta el momento". Morant reconoció que, si bien las públicas cumplen con holgura todos los criterios, "hay algunas [privadas] que van a tener más dificultades", aunque se establecerán "tiempos de flexibilidad" para su adecuación.
Profesionales del futuro
El objetivo central del Gobierno es garantizar que el título universitario emane de una institución que realmente lleve a cabo las tres funciones esenciales: formación, investigación y transferencia del conocimiento. "Si no haces eso, pues te llamas otra cosa, llamas academia o lo que quieras, pero no universidades", aseveró Morant. Esta exigencia busca asegurar la buena formación de los "profesionales del futuro", incluyendo médicos, ingenieros y arquitectos.
La ministra vinculó la proliferación de universidades privadas con la "asfixia a las universidades públicas", que, a su juicio, no pueden absorber el récord histórico de estudiantes universitarios porque las comunidades autónomas no las financian correctamente.
Morant alertó sobre una "privatización encubierta" que está quebrando el "ascensor social". Puso como ejemplo las plazas de Medicina, donde la nota de corte es altísima, empujando a "excelentes estudiantes" a la privada. La ministra reveló un dato preocupante: el 14% de los créditos bancarios personales solicitados en España ya tiene como fin pagar estudios universitarios, evidenciando la dificultad de acceso a la educación superior pública. Para el Gobierno, "no puede haber un maltrato a la pública" que sirva de excusa a este fenómeno, ya que la sociedad no puede permitirse "romper ese ascensor social". FOTO: EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ
