Sinopsis
El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, ha señalado este viernes en La Hora de La 1 que el desahucio de Maricarmen "pone de manifiesto bastantes fallas". "La legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad de los desahucios caso por caso, y eso es contrario a los estándares internacionales del derecho a la vivienda", ha afirmado. O en otras palabras: "Es difícil de entender que prime la rentabilidad de una inversión inmobiliaria de un fondo por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros y lleva 70 años en esa vivienda".
Ha apuntado a la responsabilidad de los poderes públicos a nivel estatal, ya que considera que la ley debe ser modificada para que se incluya esta proporcionalidad, pero también a la de ayuntamientos y comunidades autónomas. "El estándar internacional es que no puede haber un desahucio en el que la persona pueda quedar sin hogar, y en el caso de Maricarmen ha sido posible".
También ha considerado que hace falta tomar medidas concretas para "impedir que un gran tenedor compre 14 viviendas y luego modifique las condiciones de los inquilinos".
Considera que falta vivienda pública -solo hay un 3% en España, frente al 32% de Países Bajos, por ejemplo- y cree que la situación cambia según la comunidad autónoma. "Algunas intervienen más, son más valientes y otras confían en que se resuelva con mano invisible".
El desahucio de Maricarmen, denuncia, no solo es una "falta de respeto" al sistema de Naciones Unidas, ya que la organización pidió detenerlo y no se atendió esta petición, sino una falta de respeto hacia ella. "Es una persona que está viendo su casa, el lugar donde ha crecido, donde ha desarrollado su personalidad durante 70 años. Ese sitio desaparece, una vivienda no es un bien intercambiable, donde no importe la comunidad, es un lugar de desarrollo personal, de vínculo personal", ha recalcado.
