Sinopsis
Miles de personas viven y trabajan desde hace años en nuestro país sin papeles. Fabiola Jazmín, administrativa, migrante de Perú, confiesa que se siente "muy vulnerable cuando te dicen eres una inmigrante sin papeles. No tienes derecho absolutamente a nada. Esto es una esclavitud moderna para los inmigrantes". Se calcula que -del actual proceso de regularización extraordinaria, la séptima de nuestra democracia- van a poder encauzar sus vidas unos 500.000 migrantes. Durante los primeros cuatro días de solicitud telemática, más de 42.000 personas iniciaron los trámites. Esta semana, siendo ya posible de forma presencial, las cifras se han disparado. Hay nervios, ilusión y optimismo entre los solicitantes. "No he podido ejercer como médico desde que vine a España porque el proceso de homologación se prolonga demasiado tiempo", se lamenta Killalpa, migrante de Ecuador, "por eso, caí en situación irregular". "Esta regularización llega muy, muy tarde. Es muy necesario, pero llega muy tarde", asegura Edith Espínola, del movimiento Regularización Ya: "Tener esta tarjeta es otorgarle otra vez el poder sobre su vida, de poder decidir qué es lo que quiere hacer y dejar de estar estancado". "Tampoco responde a un cheque en blanco", recuerda Cecilia Estrada, doctora en Migraciones Internacionales de la Universidad Pontifica de Comillas: "Es decir, es una documentación que se otorga para el plazo de un año. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar después".
El proceso está generando colas en consulados y, por ejemplo, oficinas de Correos para solicitar antecedentes penales y documentos que demuestren su estancia en España, al menos, durante cinco meses y desde antes del 1 de enero de 2026. El Gobierno ha acusado a algunos ayuntamientos liderados por la oposición de poner trabas burocráticas. PP y Vox han endurecido sus críticas contra la regularización, vinculándola al colapso de los servicios públicos y la inseguridad. Sectores clave de la economía española -como el turismo, los servicios y la agricultura- dependen de mano de obra migrante y la regularización cuenta con el apoyo de la patronal y de la Iglesia, en un momento en el que PP y Vox están introduciendo en el debate público el término excluyente de "prioridad nacional". Empresarios como Jorge Bermejo ven con buenos ojos este proceso: "Vamos a estar todos mucho mejor, todos más tranquilos". Este agricultor extremeño no duda en confesar, ante las cámaras de 'Informe Semanal', que él, hasta ahora, ha necesitado contratar personas en situación irregular: "Si hay un accidente laboral, esa persona está cubierta y nosotros no vamos a estar escondiéndonos por si hay una inspección laboral. Además, van a pagar unos impuestos como nosotros. Solo veo cosas positivas".
Las llegadas irregulares a nuestro país representan un porcentaje muy pequeño del total de entradas. La mayoría lo hace en avión y el 95 % entra de manera legal con visados de trabajo, de estudios o turismo. Después, cuando pierden ese estatus, muchos se quedan sin la documentación necesaria. Ahora, los beneficiarios obtendrán autorización para residir y trabajar en España durante un año. O para, sin ir más lejos, poder empadronarse y conseguir un alquiler en condiciones. "Todos vinimos con un propósito de trabajar", afirma Anderson Mercader, migrante de Venezuela que trabaja como puede en el campo del Valle del Jerte: "Y eso es lo que buscamos todos, trabajar, que como dicen en mi país, los buenos, somos más, no venimos como dicen muchos a robar y a cuestionar, sino que venimos a trabajar".
