Sinopsis
El "caso Mascarillas" ha entrado en su recta final. El lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, situaba al empresario Víctor de Aldama como "el que pagaba y exigía" dentro de la trama urdida en plena pandemia. El jefe del departamento de Delitos Económicos de la Policía también ha señalado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como "el jefe instrumental que tenía capacidad de llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde ellos no podían". Ya han declarado dos de los tres principales acusados: el comisionista, que ha tirado contra todos, y Koldo García, exasesor de Ábalos, que ha defendido su inocencia y la de su antiguo jefe, asegurando que el poder que él tuvo en el ministerio se debió a que quería "quitarle carga de trabajo o dolores de cabeza" a Ábalos. Para Ángela Martialay, de El Mundo, ha quedado demostrado que el también exsecretario de Organización del PSOE "es la pieza más influyente del triángulo de corrupción que formó con Aldama y Koldo, pero también a su vez la más vulnerable. Es un hecho que, al poco de ser nombrado ministro de Fomento, el ministerio con mayor capacidad presupuestaria, Víctor de Aldama ya forma parte de su círculo de confianza y que ya empieza a hacer negocios".
La atención se reparte entre el Supremo y la Audiencia Nacional, por donde han seguido pasando los principales testigos del "caso Kitchen", en el que está encausado el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El tribunal tratará de dilucidar si hubo una operación policial y de espionaje al margen de la ley en torno a Luis Bárcenas, extesorero del PP. El inspector jefe Manuel Morocho ha denunciado el supuesto boicot urdido por la cúpula de Interior de entonces contra la UDEF para "desmantelar" el grupo que investigaba la "caja B" del PP. Según él, fue así como varios informes relacionados con el "caso Gürtel" se quedaron sin hacer. Para Mateo Balín, de Colpisa, "este es un juicio que tiene una trascendencia indudable, porque estamos hablando de una trama policial que actuó bajo el paraguas del Estado utilizando dinero de fondos reservados para espiar a un particular, Bárcenas, condenado por el "caso Gürtel". Su entrada en prisión en 2013 provocó una operación para recuperar documentación sensible en su poder de las cuentas del PP y, supuestamente, de los sobresueldos en negro que habrían cobrado sus dirigentes".
