Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso   Las posibles consecuencias jurídicas de la inacción climática 09/04/2024 10:04

Jaime Doreste, abogado y profesor de derecho ambiental en la UAM: Juicios abiertos en España "podrían seguir la doctrina de la sentencia de Estrasburgo"

El Tribunal de Estrasburgo desestima varias demandas de inacción climática, entre ellas la de un grupo de jóvenes portugueses que acusan a unos treinta países por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos al no hacer lo suficiente para protegerlos del cambio climático. Es un proceso histórico porque las resoluciones de este tribunal son vinculantes. En Las Mañanas de RNE hablamos con Jaime Doreste, abogado ambientalista y profesor asociado de derecho ambiental en la UAM: “Para aquellos que fueran demandados tendrían que acatar y cumplir esas sentencias dictadas y la doctrina que sienten dichas sentencias sería vinculante para el resto de tribunales de justicia de todo el ámbito del espacio Schengen, que son al final los Estados demandados”.

La resolución favorable de estos litigios se vería reflejado también en juicios que todavía no están cerrados en los tribunales españoles, que podrían seguir la doctrina de esta sentencia: “En España tenemos en marcha y todavía casos que no están cerrados, juicios por el clima de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam [...] en el que demandaron al Estado español por la insuficiente respuesta ante el cambio climático”, recuerda Jaime Doreste.

¿Los tribunales pueden hacer que un Gobierno legisle contra el cambio climático? En el año 2020 se llevó a los tribunales en España el primer litigio climático, lo presentó Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. El Tribunal Supremo lo rechazó: ”El argumento central fue a invocar el principio de separación de poderes” recuerda este abogado que participó en el equipo de los letrados y añade que la diferencia entre el caso español y el que hoy se debate en el Tribunal de Estrasburgo es que no está pidiendo que se legisle, sino que se vele por la protección de los derechos humanos, “y para eso sí que puede haber una supervisión de cómo se están haciendo los deberes climáticos por parte del Estado”.

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