La ruptura del pacto entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha desató la ola de violencia en El Salvador
- El motivo fue la ruptura del pacto entre el Gobierno y la MS13, según una investigación de El Faro
- 87 personas fueron asesinadas en el transcurso de tres días
El Salvador vivió durante el 25 y 27 de marzo las jornadas más sangrientas de su historia reciente con el asesinato de 87 personas. El día 26 fue el peor, con 62 homicidios.
Ahora, una investigación publicada por el medio salvadoreño El Faro vincula la ola de asesinatos con la ruptura de un pacto entre el Gobierno de El Salvador y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).
“Hicieron cosas que no tenían que hacer”, asegura a ese medio un portavoz de MS13 que se encuentra en el extranjero, que afirma que el Gobierno rompió un pacto que mantenían desde hace dos años y medio.
El enlace entre el Gobierno y la pandilla habría sido Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, cuya voz se escucha en unos audios obtenidos por El Faro en los que confirma lo afirmado por los portavoces de la MS13.
En las grabaciones, Marroquín asegura estar esforzándose por mantener el acuerdo y se lamenta de las detenciones de los miembros de la MS13 que lo han hecho saltar por los aires. También culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
La detención de líderes protegidos de la Mara Salvatrucha es lo que habría detonado la ola de violencia por parte de la pandilla, que considera “traición” que el Gobierno haya arrestado a miembros que gozaban de salvoconductos.
El Gobierno ha respondido con el régimen de excepción
La violencia llevó al Congreso a aprobar un régimen de excepción y ha puesto en marcha un dispositivo policial y jurídico sin precedentes en la lucha contra las maras.
El régimen ha sido prolongado por segunda vez y se espera que vuelva a extenderse cuando venza el periodo actual el 27 de mayo.
Durante los primeros 50 días de implantación de las medidas han sido detenidas más de 30.000 personas, según ha informado la Policía Nacional Civil de El Salvador.
La situación ha generado las protestas de activistas y ONG, que han denunciado violación de los derechos humanos durante las detenciones y la muerte de varios reos fallecidos durante el régimen de excepción.
En una carta abierta a Nayib Bukele, presidente del país, Amnistía Internacional señala que “las acciones que el Estado salvadoreño ha implementado hasta el momento dan lugar a serias preocupaciones”.
“Entre las cuestiones más preocupantes, se encuentra la restricción a los derechos al debido proceso y a un juicio justo, indispensables en un Estado de Derecho”, afirma.
Por otro lado, UNICEF ha denunciado el encarcelamiento de niños y adolescentes y ha señalado que “no es la solución a la violencia”.
En las grabaciones obtenidas por El Faro, Marroquín hace referencia a “torturas” producidas en las cárceles salvadoreñas. Además, advierte a sus interlocutores de la MS13 que la acción del gobierno se podría recrudecer.
Bukele siempre ha negado las negociaciones
El año pasado, el citado medio revelaba el Gobierno de El Salvador mantenía negociaciones secretas con las principales pandillas del país para mantener bajos los índices de criminalidad, según demostraban documentos gubernamentales que registraron los encuentros.
Estados Unidos ha acusado al presidente de mantener conversaciones con los grupos criminales y llegó a sancionar a los participantes, incluyendo a Marroquín.
Sin embargo, Bukele nunca ha reconocido las negociaciones y los acuerdos y siempre ha vinculado el descenso de los asesinatos que se ha dado desde que accedió al poder en 2019 con su Plan Control Territorial.
El Salvador es considerado desde hace tiempo como uno de los países más violentos del mundo, según los índices de criminalidad. Entre enero y mayo de 2019 se cometieron 1.345 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2020 año la cifra fue de 519.
Ese mismo año, el Gobierno presumió de que el país había abandonado la lista de países más peligrosos.
Barrio 18 - Sureños se desmarca de los homicidios
En El Salvador hay en torno a 70.000 miembros de pandillas en libertad y las tres principales son MS13, Barrio 18- Sureños y Barrio 18 - Revolucionarios.
En una entrevista con la BBC, la pandilla Barrio 18 - Sureños se ha desmarcado de la escalada de violencia vivida desde el mes de marzo y asegura que ellos mantienen la vía del diálogo y que no ha habido acciones coordinadas con otras organizaciones.
Desde el grupo aseguran que llevan en conversaciones con el Gobierno desde 2019 y también identifican a Carlos Marroquín como su principal interlocutor.
Por ahora, solo la MS13 ha reivindicado la autoría de los homicidios y se teme que el país vuelva a una situación como la de 2015, cuando vivió su año más sangriento tras el cese de las conversaciones entre el Gobierno del momento y las pandillas.
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