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La madre que usó una tarjeta de crédito ajena para comprar comida no irá a la cárcel

  • El Gobierno aprueba el indulto por 30 días de trabajos a la comunidad
  • Poco antes el Juzgado de Ejecución Penal había "inhabilitado la pena"
  • "Estoy muy contenta, no me lo creo todavía", asegura Emilia Soria

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La madre que utilizó una tarjeta de crédito, que se encontró, para comprar comida y pañales no irá a la cárcel

El Gobierno ha indultado este viernes a la joven madre de Requena (Valencia) que compró comida y pañales para sus hijas por valor de 193 euros con una tarjeta de crédito que encontró en la calle, hechos por los que fue condenada a un año y 10 meses de cárcel y por los que en 15 días debía ingresar en prisión.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido la conmutación de la pena privativa de libertad por treinta días de trabajos en beneficio de la comunidad a cambio de que no vuelva a cometer un delito en el plazo de tres años, han informado fuentes de Justicia.

Las mismas fuentes han explicado que para proponer la concesión del indulto el Ministerio de Juticia ha tenido en cuenta que la condenada no tenía antecedentes anteriores al delito por el que fue condenada, lo que muestra su "baja peligrosidad criminal".

También se ha valorado que los hechos, cometidos hace seis años, son de "escasa entidad", además de que la condenada es madre de tres hijos, de los que cuida, y está en una comprometida situación económica.

El Juzgado de Ejecución penal había "inhabilitado la pena"

Poco antes de que se conociese el indulto, Jorge Albertini, abogado de la joven, Emilia Soria, anunciaba que el Juzgado de Ejecución Penal número 13 había "inhabilitado la ejecución de la pena".

Con esta decisión del juzgado, Soria, de 28 años, evitaba ya su ingreso en prisión y el caso quedaba así cerrado porque, según su abogado, esa resolución judicial es firme "en solo cuatro días".

La joven valenciana ha explicado que su abogado le ha comunicado la noticia cuando estaba recogiendo firmas para solicitar su indulto ante los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, junto a su marido.

Soria ha asegurado que se encuentra "muy contenta, ni me lo creo todavía",  y ha agradecido la ayuda que ha recibido para conseguir esta resolución porque considera que la condena que le habían impuesto "no era justa".Emilia Soria encontró en la calle hace cinco años y medio una cartera sin dinero pero con una tarjeta de crédito, con la que gastó 193 euros en alimentos y pañales para las dos hijas que tenía entonces.

Emilia, que ahora tiene una tercera hija, fue condenada a un año y nueve meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, y a otros seis meses de prisión por estafa por unos hechos que ocurrieron hace cinco años y medio.

La segunda de las penas fue conmutada por trabajos a la comunidad y al pago de una multa de 900 euros, que todavía está cumpliendo, pero no sucedió lo mismo con la primera, a juicio del letrado, por "un error técnico", ya que se la sustitución de la pena se pidió "fuera de plazo".

La resolución judicial conocida este viernes evita finalmente que la joven madre tenga que ingresar en prisión, algo que tenía que haber hecho en los próximos quince días de no haberse producido esta resolución, a la que posteriormente a acompañado el indulto del Gobierno. Hasta este momento la campaña de recogida de firmas para pedir que Emilia no ingresara en prisión había conseguido recabar más cerca de 167.000 firmas.

En su anterior reunión del 25 de enero, el Consejo de Ministros concedió también dos indultos de similares características, que afectaron a dos mujeres que en 2010 se encontraron una cartera y utilizaron la tarjeta de crédito para hacer diversas compras.

Una de las mujeres fue condenada a dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con delito continuado de estafa, mientras que a la otra le correspondió, por el mismo delito, la pena de dos años y cinco meses de prisión.

En ambos casos, el Gobierno conmutó las penas privativas de libertad impuestas a ambas condenadas por otra única de dos años de prisión a condición de que no volvieran a cometer delito en el plazo de tres años.